El Congreso Nacional convirtió en ley el proyecto que modifica la normativa sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, una iniciativa que introduce cambios significativos en el esquema de financiamiento del sistema de manejo de desechos y que ha generado reacciones entre diversos sectores productivos por el incremento de las contribuciones que deberán realizar las empresas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La pieza legislativa, aprobada por ambas cámaras, actualiza el marco legal vigente con el propósito de fortalecer la gestión ambiental, mejorar la recolección y disposición final de los residuos, impulsar el reciclaje y garantizar mayores recursos para el funcionamiento del sistema nacional de manejo de desechos.
Uno de los aspectos más debatidos durante la discusión del proyecto fue la modificación de las contribuciones económicas que deberán realizar fabricantes, importadores y otros actores vinculados a la producción y comercialización de bienes. Estos aportes serán recaudados por la DGII y estarán destinados al financiamiento de programas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos.
Desde el sector empresarial surgieron preocupaciones por el impacto económico que podría representar la nueva legislación, especialmente para industrias, comercios e importadores, al considerar que el aumento de las contribuciones podría traducirse en mayores costos operativos y afectar la competitividad de las empresas. Algunas organizaciones también han advertido que existe el riesgo de que parte de esos costos sean trasladados al consumidor final.
No obstante, los promotores de la iniciativa sostienen que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de gestión de residuos, un área que durante años ha enfrentado limitaciones presupuestarias y dificultades para ofrecer un servicio eficiente. Argumentan que los nuevos recursos permitirán fortalecer la infraestructura para el tratamiento de desechos, apoyar a los gobiernos locales y fomentar programas de reciclaje y economía circular.
Asimismo, la legislación procura reforzar el principio de responsabilidad extendida del productor, mediante el cual las empresas participan de manera más activa en la gestión de los residuos generados por los productos que colocan en el mercado.
Con la aprobación definitiva en el Congreso, la normativa queda a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo para entrar en vigor. Una vez publicada, las autoridades deberán establecer los reglamentos y mecanismos que definirán la aplicación de las nuevas disposiciones, incluyendo el procedimiento de recaudación de las contribuciones y los criterios para la distribución de los fondos.
La entrada en vigencia de la ley marcará una nueva etapa en la política ambiental de la República Dominicana, al tiempo que abrirá el debate sobre el equilibrio entre la protección del medio ambiente, el fortalecimiento del sistema de manejo de residuos y el impacto económico que las nuevas obligaciones tendrán sobre el aparato productivo nacional.