República Dominicana podría aprovechar una eventual negociación comercial bilateral con Estados Unidos para procurar la eliminación del arancel de 12.5%, establecer una protección frente a nuevas medidas arancelarias unilaterales y conseguir mejores condiciones de acceso para productos dominicanos en el mercado estadounidense, planteó el economista y especialista en negocios internacionales, Juan Del Rosario.
Explicó que el país también tendría espacio para negociar un mayor acceso de productos agropecuarios, especialmente cárnicos, así como otros productos dominicanos que tengan potencial de exportación hacia ese mercado.
Del Rosario resaltó que el país debería procurar que la negociación permita crear una “sombrilla” que evite que nuevas imposiciones arancelarias generales o recíprocas afecten sus exportaciones. En ese escenario, la eliminación del arancel de 12.5% sería uno de los objetivos inmediatos, junto con mejores condiciones para el ingreso de productos dominicanos al mercado estadounidense.
Juan Del Rosario
Otro de los puntos que el país podría colocar sobre la mesa, según el economista es el tratamiento preferencial para las exportaciones textiles, debido a que una parte importante del acceso de esta industria al mercado estadounidense está vinculada a las leyes estadounidenses HOPE y HELP, asociadas al comercio con Haití.
Dentro de las negociaciones de un eventual Acuerdo sobre Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos, instó a que se solicite que ese acceso preferencial sea otorgado directamente a República Dominicana mediante un acuerdo o una legislación especial aprobada por el Congreso estadounidense, en lugar de depender de los beneficios concedidos a Haití.
La legislación HOPE tiene vigencia hasta 2028. Ante ese escenario, Del Rosario resaltó que República Dominicana procure una legislación especial que le otorgue directamente condiciones preferenciales para sus exportaciones textiles, sin que ese beneficio tenga que estar vinculado a Haití.
El economista recordó que República Dominicana tuvo históricamente acceso preferencial al mercado estadounidense para sus exportaciones textiles, pero perdió ese esquema con la desaparición del Acuerdo Multifibras tras la entrada en vigor del DR-CAFTA.
Posteriormente, parte de la industria local se integró a las cadenas de producción vinculadas con Haití para aprovechar las preferencias otorgadas a ese país.
El factor chino y el proteccionismo
Del Rosario también identificó un posible interés de Estados Unidos relacionado con las empresas de capital chino establecidas en República Dominicana que utilizan el territorio nacional para producir y posteriormente exportar hacia el mercado estadounidense.
Consideró que el gobierno de Donald Trump podría solicitar al Gobierno dominicano mayores controles sobre las empresas extranjeras que se instalen en el país con capacidad de exportar hacia Estados Unidos, particularmente en materia laboral, seguridad y riesgos.
Otra petición que podría plantear EEUU a República Dominicana es la cuota arancelaria aplicada al arroz. Recordó que esta fue establecida mediante decreto, mientras que el DR-CAFTA fue aprobado mediante ley, por lo que un decreto no puede estar por encima de una legislación.
Del Rosario entiende que el avance de los acuerdos bilaterales puede representar un retroceso en la integración comercial y aumentar el riesgo de que el proteccionismo vuelva a convertirse en una característica central del comercio internacional.
Acuerdo debe pasar por el Congreso
El economista indicó que en una negociación bilateral no se puede desconocer el marco jurídico que regula actualmente el comercio entre ambos países, en este caro el acuerdo comercial DR-CAFTA.
Del Rosario explicó que cualquier modificación relacionada con acceso a mercados, aranceles, cuotas o barreras técnicas y fitosanitarias debe estar sustentada en el DR-CAFTA, que tiene rango de ley, por lo que un simple memorándum de entendimiento podría entrar en contradicción con ese marco.
“Eso tiene que ir al Congreso. No puede ser un memorando de entendimiento”, afirmó el economista, al considerar que un acuerdo comercial que modifique las condiciones establecidas en el DR-CAFTA debe ser sometido al Poder Legislativo para garantizar su viabilidad jurídica.