Un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil dominicana depositó ante el Tribunal Constitucional una intervención voluntaria en defensa del Código Penal aprobado en 2025, en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por entidades promotoras de la despenalización del aborto.
Los ciudadanos rechazan el recurso que impugna artículos de la Ley No. 75-2025 relacionados con la protección de la vida humana desde la concepción y sostienen que dichas disposiciones son plenamente compatibles con la Constitución dominicana.
Entre las organizaciones y personalidades que respaldan esta posición figuran Arquidiócesis de Santo Domingo, JUCUM, Alianza Vitae, RD Inclusiva, FOMUDEVI, además de Carmen Orozco y Mercedes Núñez.
Argumentan que el artículo 37 de la Constitución establece de forma expresa que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, por lo que consideran que no existe contradicción entre la Carta Magna y las disposiciones del nuevo Código Penal que prohíben el aborto.
“Existe una total alineación entre el Código Penal aprobado y la Constitución Dominicana”, afirmaron en el documento sometido ante el alto tribunal.
Asimismo, sostienen que en el país no existe un derecho fundamental al aborto ni tratados internacionales ratificados que obliguen al Estado dominicano a legalizarlo.
Las entidades también cuestionaron el accionar de organizaciones proaborto, alegando que reciben financiamiento internacional para impulsar iniciativas orientadas a flexibilizar la legislación dominicana sobre interrupción del embarazo.
“En la República Dominicana, tanto la ley como los protocolos médicos otorgan plena libertad a los profesionales de la salud para utilizar sus conocimientos médicos con el fin de salvar vidas”, señalaron, asegurando que eso no implica poner en riesgo la vida de la madre para preservar la del bebé en gestación.
De igual forma, indicaron que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida prenatal y advirtieron que ningún órgano jurisdiccional puede crear un supuesto “derecho al aborto” mediante interpretación judicial.
La intervención también recibió el respaldo de organizaciones como Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana, Grupo Acción Cristiana, Fundación Valdez, Escuela de Familias Incorporadas y el Foro Social de la República Dominicana.
Según explicaron, las entidades que promovieron el recurso de inconstitucionalidad son Católicas por el Derecho a Decidir, Asociación Alianza Cristiana Dominicana y Rosa Herminia Hernández, quienes anexaron documentos de apoyo de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos reproductivos y la despenalización del aborto.