La exclusión educativa no siempre comienza cuando un niño abandona la escuela. En muchos casos se inicia mucho antes. Las dificultades para acceder a servicios especializados retrasan su desarrollo, el sistema no identifica a tiempo sus necesidades y el entorno escolar carece de los apoyos necesarios para responder a la diversidad.
Es una exclusión que no siempre resulta visible y que, con frecuencia, se instala de manera silenciosa hasta interrumpir la trayectoria educativa de niños y adolescentes con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo.
Ese diagnóstico sustenta “Ni Uno Más Fuera del Aula”, una iniciativa desarrollada por la estratega en políticas públicas doctora Fénix Nikaurys Arias, especializada en la operacionalización de marcos normativos complejos. Su propuesta plantea una arquitectura práctica para transformar los derechos reconocidos en la legislación y en los compromisos internacionales en servicios reales, oportunos y sostenibles para la población infantil con discapacidad.
En vez de un programa aislado, la iniciativa propone pasar de la norma a la ejecución, mediante una articulación entre educación, salud, protección social y familia que permita identificar tempranamente los riesgos de exclusión y acompañar la trayectoria educativa de cada estudiante.
El punto de partida es que la República Dominicana dispone de un marco jurídico amplio para garantizar la inclusión educativa. La Constitución reconoce el derecho a la educación gratuita y obligatoria; el país es signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, mantiene el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y cuenta con la Ley General de Educación 66-97, la Ley 5-13 sobre Discapacidad y la Ley 34-23 sobre Autismo.
Sin embargo, la autora sostiene que el principal desafío no consiste en producir nuevas normas, sino en cerrar la distancia entre el derecho reconocido en esos instrumentos y la realidad que viven miles de familias.
“El desafío no es normativo. El desafío es cerrar la brecha entre el derecho escrito y la experiencia real de muchas familias”, plantea la iniciativa.
Ese planteamiento encuentra respaldo en las cifras presentadas por la investigadora. Según estimaciones oficiales basadas en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2019), aproximadamente uno de cada diez niños y adolescentes entre dos y diecisiete años presenta algún tipo de dificultad funcional, incluyendo discapacidades motora, auditiva o visual. La autora señala que esa proporción puede aumentar al incorporar la discapacidad intelectual y otras condiciones del neurodesarrollo.
Los datos muestran además que el sistema educativo dominicano registra más de 27 mil estudiantes con discapacidad matriculados, principalmente en aulas regulares, aunque también en educación especial. No obstante, la matrícula no refleja por sí sola el alcance del desafío. Con base en cifras recientes de UNICEF sustentadas en ENHOGAR-MICS 2019, la propuesta indica que el 23 % de la niñez con discapacidad no asiste a la escuela, una realidad que representa miles de niños y niñas fuera del sistema educativo y evidencia que la inclusión continúa enfrentando importantes barreras.
Las diferencias aparecen desde los primeros años de vida. Apenas el 32 % de los niños con discapacidad entre tres y cuatro años accede a educación inicial, frente a casi el 50 % de los niños sin discapacidad. A ello se suma que la tasa de no asistencia escolar entre niños con dificultades funcionales duplica la registrada entre quienes no presentan esas condiciones.
Para Arias, estos indicadores reflejan que la exclusión educativa no constituye un fenómeno aislado ni circunstancial.
Esto no es marginal; es estructural
La iniciativa identifica que la población infantil con discapacidad comprende una diversidad de condiciones, entre ellas discapacidades motora, visual y auditiva, así como dificultades funcionales del neurodesarrollo, incluyendo el autismo y otras necesidades específicas de apoyo educativo.
Aunque reconoce avances institucionales en materia de inclusión, también advierte que muchos estudiantes continúan enfrentando barreras relacionadas con la permanencia en el sistema educativo, la accesibilidad, las adaptaciones curriculares y el acceso a apoyos pedagógicos especializados. En ese contexto, sostiene que la exclusión no siempre ocurre cuando un estudiante queda fuera del aula. También puede producirse cuando permanece dentro de un sistema que no logra responder a sus necesidades y limita su participación efectiva.
Ese es el punto de partida de “Ni Uno Más Fuera del Aula”: comprender que la inclusión no depende únicamente del acceso a la escuela, sino de la capacidad del Estado para garantizar trayectorias educativas completas mediante respuestas coordinadas y sostenibles.
La respuesta que plantea
«Ni Uno Más Fuera del Aula» parte de un cambio de enfoque. En lugar de preguntar por qué algunos niños no logran adaptarse al sistema educativo, la iniciativa propone revisar si es el propio sistema el que está respondiendo adecuadamente a las necesidades de quienes deben formar parte de él.
En ese contexto, Arias sostiene que la dificultad no radica en la capacidad de aprender de los niños neurodivergentes -entre ellos aquellos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dificultades específicas de aprendizaje, condiciones sensoriales, retrasos en el desarrollo, condiciones neurológicas o discapacidades visibles e invisibles-, sino en la capacidad institucional para ofrecer respuestas oportunas y adecuadas.
La discapacidad no está solo en el niño; está en el sistema
La iniciativa advierte que la exclusión se produce cuando el entorno educativo no ofrece ajustes razonables, apoyos adecuados ni seguimiento oportuno. Desde esa perspectiva, muchos estudiantes no fracasan por sus condiciones individuales, sino porque el sistema no logra responder a la diversidad de necesidades presentes en las aulas.
Arias también alerta sobre el riesgo de que los sistemas educativos reproduzcan dinámicas de inclusión simbólica y exclusión práctica. Explica que algunos estudiantes logran ingresar a la escuela, pero encuentran barreras relacionadas con la accesibilidad, las adaptaciones curriculares, el acompañamiento especializado y la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar sus derechos.
Como consecuencia, muchos terminan alejándose progresivamente de una trayectoria educativa que debería conducirlos al desarrollo pleno de sus capacidades.
«La educación no es un evento; es una trayectoria completa que culmina en un proyecto de vida viable», sostiene la autora.
Sobre esa base se construye la arquitectura de «Ni Uno Más Fuera del Aula», concebida como una propuesta para pasar de la retórica del derecho a la efectividad de los servicios mediante una coordinación permanente entre educación, salud, protección social y familia.
La propuesta se apoya en tres pilares fundamentales
El primero corresponde a las responsabilidades compartidas, identificando con claridad el papel que corresponde a cada institución involucrada en la garantía del derecho a la educación inclusiva.
El segundo es la trazabilidad y articulación, mediante un plan intersectorial que permita acompañar las trayectorias educativas desde la primera infancia y reducir los riesgos de exclusión a lo largo del proceso formativo.
El tercero plantea la ejecución práctica, con el propósito de convertir los marcos legales y los compromisos internacionales en servicios efectivos, oportunos y sostenibles para las familias.
Como herramienta operativa, la iniciativa propone integrar el Índice Sociológico de Inclusión y Exclusión (SISE) con un Plan Educativo Individualizado (PEI).
De acuerdo con la propuesta, esa integración permitiría identificar tempranamente los riesgos de exclusión, coordinar respuestas entre las instituciones involucradas y acompañar a cada niño y niña en su proyecto de vida con dignidad y enfoque preventivo.
«No se trata solo de inclusión en el aula, sino de permanencia con dignidad y apoyo estructurado», plantea la iniciativa.
La propuesta insiste en que fortalecer la inclusión educativa requiere superar la fragmentación institucional y avanzar hacia mecanismos de coordinación que permitan transformar los derechos reconocidos en la legislación en respuestas concretas para las familias.
Ese enfoque también se extiende a los padres y madres de niños neurodivergentes, a quienes la autora dirige un llamado para asumir un papel activo en la defensa de sus derechos.
«Sean la voz de su hijo o hija neurodivergente. No se escondan. No normalicen la exclusión. Juntos somos más», agrega.
Aunque esa defensa comienza en el hogar, solo puede consolidarse mediante una respuesta articulada del Estado y de la sociedad.
La doctora Arias enfatiza además que la inclusión educativa no constituye un favor administrativo, sino un derecho constitucional, y advierte que los recursos que no se invierten oportunamente en educación inclusiva terminan generando mayores costos en salud mental, rehabilitación y sistema penitenciario.
De FUNGLODE a la ONU
La propuesta «Ni Uno Más Fuera del Aula» fue presentada inicialmente en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), junto al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), como un espacio para examinar los desafíos estructurales de la educación inclusiva en la República Dominicana y plantear una ruta de trabajo orientada a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar ese derecho.
Posteriormente, la iniciativa fue llevada a un escenario internacional. Durante la IV Conferencia GLOBALMUNersNYC2026, celebrada en la sede de las Naciones Unidas, la doctora Fénix N. Arias presentó un diagnóstico sobre la exclusión educativa en América Latina y el Caribe y amplió el alcance de la propuesta al plantear la necesidad de avanzar desde marcos normativos hacia modelos operativos capaces de producir resultados verificables en los territorios.
En su intervención cuestionó la manera en que tradicionalmente se evalúa el progreso educativo.
«¿Está midiendo progreso la matrícula escolar o estamos midiendo qué tan eficazmente hemos aprendido a confundir la presencia física con la participación efectiva?» expuso.
A partir de esa reflexión, la investigadora sustentó su análisis en datos de organismos internacionales que indican que cerca del 80 % de los niños de la región enfrenta pobreza de aprendizaje al finalizar la educación primaria, mientras más de 19 millones de niños con discapacidad continúan encontrando barreras estructurales para acceder, permanecer y desarrollarse dentro del sistema educativo.
Para Arias, esos indicadores muestran que la inclusión no puede medirse únicamente por la cantidad de estudiantes matriculados, sino por la capacidad de los sistemas educativos para garantizar trayectorias completas de aprendizaje y desarrollo.
Uno de los planteamientos centrales de su exposición consistió en trasladar el foco del análisis desde el individuo hacia el funcionamiento de las instituciones.
«No era una prueba de capacidad; era una prueba de diseño institucional».
Con esa afirmación explicó que muchos entornos educativos continúan organizándose bajo esquemas que no logran responder a la diversidad de los estudiantes, generando procesos de exclusión que posteriormente son atribuidos a las propias condiciones del niño.
Y sostuvo: «Cuando las instrucciones son ambiguas, contradictorias e inaccesibles, el sistema produce fracaso predecible y luego lo atribuye al niño».
El SISE no pregunta ‘¿por qué este niño falló?
La participación de la especialista en Naciones Unidas dio continuidad al planteamiento presentado previamente en República Dominicana y reafirmó el enfoque de la iniciativa: transformar los derechos reconocidos en leyes y compromisos internacionales en mecanismos de ejecución capaces de garantizar servicios oportunos y trayectorias educativas completas para niños y adolescentes con discapacidad y condiciones del neurodesarrollo.
Como parte de esa propuesta presentó el Índice Sociológico de Inclusión y Exclusión Social (SISE), concebido como una herramienta técnica para medir el desempeño del Estado en cinco dimensiones: educativa; socioeconómica; territorial e institucional; protección y bienestar; y riesgo social acumulado.
La investigadora explicó que el instrumento busca identificar fallas sistémicas y facilitar respuestas coordinadas entre los distintos sectores involucrados.
«El SISE no pregunta ‘¿por qué este niño falló?’; pregunta ‘¿en qué punto el Estado dejó de llegar?’».
Durante la exposición también identificó varios obstáculos que, a su juicio, limitan el avance de la inclusión educativa en la región. Entre ellos mencionó la discontinuidad de las políticas públicas, la fragmentación de los datos, la insuficiente coordinación interinstitucional y la persistencia de modelos piloto que no logran escalar hacia políticas nacionales sostenibles.
Asimismo, vinculó la exclusión educativa con otras problemáticas sociales, como el aumento de jóvenes que no estudian ni trabajan, cuya tasa alcanza el 19.7 % en América Latina y el Caribe, al considerar que estas brechas repercuten en el desarrollo económico y social de los países.
Más que una consigna, «Ni Uno Más Fuera del Aula» plantea una hoja de ruta sustentada en coordinación intersectorial, responsabilidades compartidas, trazabilidad, medición y ejecución práctica. Ese propósito quedó sintetizado en una reflexión de la autora que resume el espíritu de toda la propuesta:
«Un país verdaderamente desarrollado no es el que construye más aulas, sino el que se asegura de que ningún niño sea expulsado silenciosamente de ellas».
En definitiva, la iniciativa propone que el desafío de la educación inclusiva no consiste únicamente en abrir las puertas de la escuela, sino en construir un sistema capaz de acompañar a cada niño durante toda su trayectoria educativa para que, efectivamente, ni uno más quede fuera del aula.