El experto agrícola sostiene que la medida adoptada en diciembre de 2024 debe analizarse a la luz del contexto que vivía el país y afirma que el decreto contemplaba la posibilidad de modificaciones mediante negociación.
Por Ana Celia Castiillo
SANTO DOMINGO, RD— En momentos en que Estados Unidos cuestiona la permanencia del Decreto 693-24 y reclama cambios en el régimen dominicano de importación de arroz, el ingeniero agrónomo y experto en seguridad nacional Manuel Emilio González Tejera (Manegonte) la decisión adoptada por el Gobierno dominicano en diciembre de 2024 y sostuvo que la medida respondió a una “razón de Estado” para proteger la producción nacional.
“El decreto obedeció a una razón de Estado, acorde al momento que se vivió entre octubre y diciembre de 2024”, afirmó González Tejera.
Las declaraciones fueron ofrecidas por González Tejera vía telefónica a Diario Agropecuario, en el marco del debate generado en torno al decreto y su relación con los compromisos asumidos por la República Dominicana bajo el DR-CAFTA.
El planteamiento adquiere especial relevancia en la coyuntura actual, después de que Washington haya planteado la eliminación del Decreto 693-24 como parte de las obligaciones de acceso al mercado previstas en el DR-CAFTA.
González Tejera rechazó, sin embargo, que la República Dominicana haya violado el acuerdo comercial.
“Nosotros nunca violamos el DR-CAFTA. Lo hicimos todo con la ley”, afirmó.
El especialista sostiene que la medida debe ser interpretada dentro del contexto económico, productivo y de seguridad alimentaria que enfrentaba el país a finales de 2024, cuando el Gobierno anunció disposiciones destinadas a salvaguardar la producción nacional de arroz.
El artículo 4 y la negociación
Uno de los elementos centrales de la argumentación de Manegonte es el artículo 4 del Decreto 693-24.
Según explicó, la disposición deja abierta la posibilidad de modificar las medidas adoptadas como resultado de las negociaciones comerciales.
Además, el mismo permite su modificación dentro de una negociación; el artículo 4 es tácito”, sostuvo.
Su argumento coloca el decreto no necesariamente como el punto final de la política arrocera dominicana, sino como una herramienta adoptada ante una coyuntura determinada y susceptible de ser ajustada en función de las negociaciones.
La defensa del productor
Para González Tejera, el debate tampoco puede reducirse al precio del arroz para el consumidor.
A su juicio, cualquier decisión sobre la apertura del mercado debe considerar el impacto sobre los productores dominicanos y sobre toda la cadena económica vinculada al cultivo.
”Hay que pensar no solamente en las personas que dependen del arroz, sino también en el colmadero, el que maneja maquinaria, el que vende y en toda la cadena”, expresó.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también documentó que el Decreto 693-24 fue emitido el 17 de diciembre de 2024 y estableció medidas para limitar las importaciones de arroz, en un momento en que avanzaba la eliminación de los aranceles contemplada por el DR-CAFTA.
La controversia, por tanto, ha dejado de ser únicamente un debate sobre política agrícola. Ahora enfrenta dos intereses: el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales y la decisión de República Dominicana de preservar un sector que considera estratégico para su seguridad alimentaria.
Para Manegonte, ambas cosas pueden coexistir.
Su posición es que proteger al productor dominicano no significó desconocer el DR-CAFTA sino adoptar una decisión de Estado ante las circunstancias que enfrentaba el país y mantener abierta la posibilidad de ajustar posteriormente las medidas mediante negociación.