Defender la soberanía, proteger a las madres dominicanas y mantener la solidaridad humana son objetivos perfectamente compatibles
Por : Angel Puello
La reciente decisión de Estados Unidos de intensificar su lucha contra el denominado turismo de parto ha reabierto un debate que en República Dominicana lleva años ocupando titulares, programas de opinión, redes sociales y conversaciones cotidianas.
Las autoridades estadounidenses anunciaron la revocación de visas e investigaciones contra redes internacionales que facilitaban viajes de extranjeras embarazadas cuyo propósito principal era dar a luz en territorio norteamericano para obtener beneficios migratorios derivados de la ciudadanía automática de sus hijos. Para Washington, se trata de una práctica que representa un uso indebido del sistema migratorio y de los servicios públicos del país.
La pregunta que muchos dominicanos se hacen es inevitable: si una potencia mundial considera necesario actuar para proteger su sistema migratorio y sus recursos públicos, ¿por qué República Dominicana no puede debatir seriamente sobre una realidad similar que afecta directamente su sistema hospitalario?
Durante años, medios de comunicación, gremios médicos, directores de hospitales, comentaristas y ciudadanos han denunciado la alta presión que recibe la red hospitalaria dominicana, especialmente en las zonas fronterizas y en grandes centros de salud del Gran Santo Domingo y Santiago.
No es un secreto que miles de mujeres haitianas cruzan la frontera o llegan al país para recibir atención médica durante el embarazo y el parto. La razón también es conocida: República Dominicana posee mejores condiciones hospitalarias, mayor capacidad de atención que la vecina Haití, nación que enfrenta una de las peores crisis institucionales y de seguridad de su historia.
Desde una perspectiva humana, resulta comprensible que una madre quiera buscar el mejor lugar posible para dar a luz a su hijo.
Sin embargo, también es comprensible la preocupación de miles de familias dominicanas que observan cómo hospitales financiados por los contribuyentes enfrentan una demanda cada vez mayor.
Numerosos reportajes, testimonios y denuncias públicas han relatado casos de parturientas dominicanas que han debido esperar largas horas para recibir atención. Algunas incluso han sido trasladadas entre centros médicos por falta de camas disponibles. Otros casos han sido más dramáticos y se han observado a embarazadas dominicanas dar a luz en plena calle debido a que las embarazas haitianas han ocupado las camas de ese hospital.
Cada vez que ocurre una situación de este tipo, la indignación social aumenta.
El problema no debe analizarse desde el odio ni desde la xenofobia. Ese sería el camino equivocado.
La verdadera discusión debe girar en torno a la capacidad del Estado dominicano para garantizar, en primer lugar, la atención adecuada de sus ciudadanos sin dejar de actuar con respeto a la dignidad humana de quienes llegan desde otros países.
La experiencia estadounidense demuestra que un país puede establecer controles migratorios, exigir el cumplimiento de sus leyes y proteger sus servicios públicos sin renunciar a los principios humanitarios.Por eso me identifico con las propuestas de Ramfis Dominguez Trujillo para frenar la invasión haitiana .
República Dominicana necesita avanzar hacia políticas claras, transparentes y sostenibles. Eso implica fortalecer los controles fronterizos, registrar adecuadamente a los extranjeros que utilizan servicios públicos y exigir una mayor participación de organismos multilaterales en el financiamiento de la crisis migratoria y sanitaria derivada de la situación haitiana.
No es razonable que una nación de recursos limitados cargue prácticamente sola con una responsabilidad que tiene dimensiones regionales e internacionales.
La solidaridad no puede convertirse en improvisación permanente.
Tampoco la defensa de la soberanía puede convertirse en insensibilidad.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambos principios.
Estados Unidos acaba de enviar un mensaje claro al mundo: cada nación tiene derecho a proteger sus instituciones, sus recursos y sus sistemas públicos. República Dominicana también tiene ese derecho.
Pero junto a ese derecho existe otro deber: actuar siempre dentro del marco de la ley, el respeto a la dignidad humana y los valores cristianos que históricamente han caracterizado al pueblo dominicano.
El futuro exige soluciones responsables, no consignas. Exige planificación, no improvisación. Exige patriotismo inteligente, capaz de defender los intereses nacionales sin perder jamás la humanidad que define a una gran nación.
Y ese equilibrio, precisamente, es el gran reto de la República Dominicana de nuestro tiempo.