Seguridad ciudadana exige más prevención que castigo, coinciden especialistas

La seguridad ciudadana en República Dominicana no depende únicamente de castigos más severos, sino de un equilibrio entre el Estado de derecho, la educación, la prevención y la eficacia institucional, según coincidieron especialistas.

Esa fue una de las ideas centrales del tercer panel del Foro Contra el Crimen y la Violencia, celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde juristas, un juez y un representante policial coincidieron en que el enfoque actual requiere de ajustes. El foro fue auspiciado por el periódico Listín Diario y la academia estatal.

El jurista Jhon Garrido cuestionó la vieja creencia de que endurecer las penas reduce la criminalidad en República Dominicana.

“No hay evidencia científica que demuestre que el endurecimiento de la pena resuelva el problema del delito”, afirmó.

Recordó que reformas anteriores, como la ley 24-97, aumentaron las sanciones sin lograr disminuir los delitos.

“¿Y qué pasó? Seguimos con las cárceles repletas, más delitos y más presos”, sostuvo.

Garrido advirtió que el nuevo Código Penal,que entrará en vigor en agosto de 2026, sigue esa misma lógica punitiva, elevando penas en delitos como asesinato, feminicidio, violencia de género y delitos sexuales hasta 40 años.

Sin embargo, insistió en que la evidencia internacional apunta en otra dirección: “La experiencia comparada demuestra que la certeza de la sanción y la eficacia del sistema de persecución penal tienen mayor impacto preventivo que la severidad del castigo”.

EL jurista propuso políticas enfocadas en la rehabilitación y la reintegración social: “No se necesitan megacárceles, necesitamos megaescuelas”, citó al referirse a recomendaciones de las Naciones Unidas.

A su juicio, la prevención del delito debe centrarse en educación, empleo y oportunidades. Subrayó que la política de prevención no se hace con el derecho penal, sino con política pública no penales.

El juez Raymundo Mejía también rechazó el aumento de penas como solución, al afirmar que siempre ha estado en desacuerdo científicamente con esa medida.

Señaló que la clave está en la prevención y la educación, y alertó sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el país.

Según explicó, en 2025 alrededor del 64% de la población carcelaria estaba privada de libertad de forma provisional.

“La naturaleza de la privación de libertad es totalmente excepcional”, recordó. Además, advirtió que esta práctica afecta la presunción de inocencia y genera consecuencias económicas para el Estado.

“Si posteriormente la persona resulta absuelta, el Estado tiene que indemnizarlo”, indicó.

Mejía insistió en la necesidad de cambiar la cultura jurídica y social en torno al proceso penal.

“La regla es la libertad. No puede ser la privación de libertad”, afirmó, al tiempo que destacó que incluso para el sistema judicial resulta más funcional procesar a imputados en libertad.

Desde una perspectiva más estructural, el jurista José Miguel Vásquez abordó la relación entre seguridad ciudadana y Estado de derecho, planteando que no son conceptos opuestos, sino complementarios.

“Son dos figuras que se sirven de soporte y que una sin otra no pueden operar”, explicó.

Vásquez advirtió que cuando el Estado incumple sus propias normas, pierde legitimidad ante la ciudadanía y se convierte en “victimario, en vez de solucionador de problemas”.

El jurista también llamó la atención sobre la complejidad de equilibrar los derechos de las víctimas y los imputados.

“El delincuente… lamentablemente, y amargamente tiene derechos”, dijo, al tiempo que subrayó que esos derechos no deben imponerse sobre los de las víctimas, sino gestionarse adecuadamente dentro del marco legal.

En cuanto a soluciones, Vásquez descartó la simple importación de modelos internacionales, como los de Suiza o Japón, ambos países desarrollados.

“¿Podríamos comparar o querer coger como modelo a Suiza y a Japón…? No. Habría que aplatanarlo (aterrizarlo)”, afirmó. Para él, la reforma policial y otras iniciativas deben adaptarse a la realidad dominicana. “No es una reforma semántica, es estructural”, sostuvo.

Identificó la educación como un eje fundamental a largo plazo, al explicar que en el país se debe educar al niño para que hayan resultados positivos en 30 o 40 años”.

También vinculó la violencia cotidiana a patrones culturales arraigados, señalando que muchos crímenes surgen por conflictos menores.

“Aquí la mayor cantidad de crímenes se producen por la discusión de un parqueo o de un rayón de un vehículo”, afirmó. “Hasta que no tengamos fortaleza para entender y manejarlo en ese sentido, la seguridad ciudadana va a ser una figura literaria”, advirtió.

Desde el ámbito operativo, el subdirector de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), coronel Isaías Tamarez Santiago, presentó datos que muestran una reducción en la tasa de homicidios en la última década.

“Hace 10 años, se situaba en 27.7. Hoy en día está en 7.7”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la violencia social sigue siendo un componente importante de la criminalidad, al tiempo que señaló que históricamente gran parte de los homicidios se originan en conflictos sociales.

Tamarez también abordó el tema de las personas desaparecidas, aclarando que “el 90% de los desaparecidos en República Dominicana son de manera voluntaria”, muchas veces vinculados a problemas e conómicos, familiares o situaciones personales.

En cuanto al secuestro, aseguró que no representa una amenaza en el país: “Nosotros no tenemos secuestros… entre la comunidad ciudadana, entre la comunidad empresarial, no tenemos”, afirmó, explicando que los casos registrados están ligados a conflictos dentro del ámbito delictivo.

No obstante, alertó sobre el crecimiento de los delitos electrónicos, que ya representan la mayoría de las denuncias: ocho de cada 10 ciudadanos sufren este tipo de delito.

Indicó que el país enfrenta desafíos para actualizar su respuesta frente a estas nuevas formas de criminalidad.

El panel evidenció coincidencias importantes: la necesidad de fortalecer las instituciones, priorizar la educación, mejorar la prevención y garantizar el respeto al Estado de derecho. También dejó claro que el endurecimiento de las penas, por sí solo, no resolverá el problema de la inseguridad.

En palabras de Garrido, el reto es construir “un sistema eficaz, garantista y legítimo donde la pena sea racional, constitucionalmente válida y socialmente responsable”.