La iniciativa de una coalición internacional, con participación de Nayib Bukele y otros gobiernos, plantea una oportunidad para examinar nuevas respuestas a la crisis haitiana y el papel de los dirigentes políticos dominicanos en los asuntos regionales.
La propuesta presentada en una rueda de prensa nacional por Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), para conformar una Coalición Panamericana por la Liberación de Haití, introduce un elemento de interés en el debate político dominicano: la posibilidad de transformar una preocupación nacional en una iniciativa de cooperación continental.
La presentación muy destacada en diversos medios nacionales, merece ser examinada por su contenido, sus posibilidades de ejecución y sus implicaciones internacionales, independientemente de las simpatías o diferencias políticas que pueda despertar su promotor.
Desde Gran Diario entendemos que las propuestas sobre asuntos de semejante trascendencia deben analizarse más allá de las rivalidades partidarias. La crisis haitiana afecta directamente a millones de personas, compromete la estabilidad regional y representa un desafío permanente para la seguridad, la economía y las relaciones internacionales de República Dominicana.
Una propuesta que busca trascender las fronteras
En las ciencias políticas se utiliza el concepto de liderazgo de proyección internacional para describir a dirigentes cuyas ideas, iniciativas o actuaciones alcanzan relevancia fuera de su territorio nacional.
La iniciativa de Domínguez Trujillo puede analizarse desde esa perspectiva. Su planteamiento pretende involucrar a Estados Unidos, Canadá, El Salvador, República Dominicana y otras naciones en una estrategia conjunta para enfrentar a las organizaciones criminales que controlan territorios haitianos.
Bukele y la importancia de una responsabilidad compartida
Uno de los componentes que más atención merece es la propuesta de ofrecer al Gobierno de El Salvador la dirección operativa de la coalición, tomando como referencia la experiencia del presidente Nayib Bukele frente a las estructuras criminales.
La experiencia salvadoreña ha generado interés internacional por sus resultados en materia de seguridad, pero también controversias relacionadas con las garantías judiciales y los derechos humanos.
Por tanto, cualquier cooperación basada en esa experiencia tendría que considerar las diferencias institucionales, sociales y políticas entre ambos países.
La recuperación de Haití tampoco puede descansar exclusivamente sobre Bukele ni sobre un solo gobierno. La dimensión del problema exige responsabilidades compartidas, recursos sostenibles y participación efectiva de las autoridades y la sociedad haitianas. Ahi es donde se hace grande esta propuesta oportuna de Ramfis.
Los componentes que merecen un examen serio
La propuesta contempla una hoja de ruta inicial de 120 días, protección de la población civil, recuperación de territorios, fortalecimiento policial y judicial, combate al tráfico de armas y mecanismos de fiscalización de los recursos internacionales.
También plantea un fondo de apoyo sometido a auditorías externas y controles independientes.
Estos elementos permiten identificar cuestiones concretas para una discusión diplomática: quién financiaría las operaciones, qué países aportarían personal, cuáles serían las reglas de actuación, cómo se protegería a los civiles y quién verificaría los resultados.
La exigencia de consentimiento válido de Haití y respeto al derecho internacional constituye otro aspecto fundamental. Ninguna solución duradera puede construirse desconociendo la soberanía del pueblo haitiano.
La firmeza y los límites del poder
Domínguez Trujillo ha desarrollado un discurso político asociado a la firmeza frente a la delincuencia, el control migratorio y la defensa de la soberanía dominicana.
En República Dominicana existe un debate persistente sobre la necesidad de aplicar medidas más enérgicas contra la criminalidad y fortalecer el cumplimiento de las leyes.
La propuesta de Ramfis no debería quedar reducida a una declaración partidaria ni a los titulares publicados durante su exitosa presentación.
Su contenido debe ser tomado muy en cuenta por el gobierno dominicano, por el presidente Bukele , por otras naciones y sometido a evaluación por especialistas en seguridad, diplomacia, derecho internacional, economía y cooperación humanitaria.
Las autoridades dominicanas, los organismos regionales y los representantes haitianos podrían examinar qué elementos son compatibles con los mecanismos internacionales existentes y cuáles requerirían acuerdos adicionales.
Ese examen debe realizarse sin convertir la procedencia partidaria de una iniciativa en motivo automático para descartarla.
La reconstrucción haitiana exige mucho más que operaciones contra las pandillas: requiere empleos, servicios públicos, justicia, instituciones legítimas y condiciones para la participación democrática.
La estabilización del país vecino podría contribuir a reducir las presiones humanitarias y migratorias sobre República Dominicana, aunque sus resultados dependerían de múltiples factores.
Gran Diario considera que el valor público de este planteamiento estará determinado por la calidad del debate que provoque y por su capacidad para convertirse, mediante el diálogo y la cooperación, en compromisos viables.
Las diferencias políticas no deberían impedir el estudio de las ideas. Tampoco deberían impedir su escrutinio riguroso.
La propuesta de Ramfis se debe tomar en cuenta pensando que está en juego el futuro de dos pueblos y la estabilidad de una región y lo verdaderamente importante no es solamente quién presenta una propuesta, sino qué posibilidades reales ofrece para proteger vidas, recuperar instituciones y construir una paz duradera.