La Cámara de Diputados de la República Dominicana suspendió este jueves su sesión ordinaria, precisamente el día en que estaba previsto el conocimiento del nuevo Código Penal, una de las piezas legislativas más sensibles y largamente postergadas en la historia reciente del Congreso dominicano.
El anuncio fue firmado por Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, y difundido a través de las redes sociales oficiales del organismo. En el comunicado, dirigido a «los honorables diputados y diputadas, a la ciudadanía y medios de comunicación», se informó escuetamente la suspensión, sin ofrecer ninguna justificación ni fecha alternativa para retomar el debate.
Una postergación que huele a cálculo político
La coincidencia trae suspicacia: suspender la sesión justo cuando el Código Penal estaba en agenda no parece un accidente administrativo. El Código Penal dominicano arrastra décadas de debate inconcluso y concentra posiciones irreconciliables en torno a temas como el aborto, las causales de exención de responsabilidad penal y los derechos de las mujeres. Cada vez que el texto se acerca al hemiciclo, aparece una razón para no votarlo.
Lo más llamativo del comunicado oficial no es lo que dice, sino lo que omite. No hay explicación. No hay reprogramación. No hay un gesto mínimo hacia la ciudadanía que lleva años esperando que el Congreso actualice un Código Penal que data de 1884.
Las voces de la sociedad civil y ciudadanía que ha alertado sobre el Código Penal
La suspensión de este jueves no ocurre en el vacío. En las últimas semanas, una cadena de pronunciamientos de organizaciones jurídicas, gremios empresariales, colegios profesionales y movimientos de mujeres ha puesto en evidencia que el texto aprobado como Ley 74-25 tiene problemas técnicos y omisiones que, según sus críticos, lo hacen inviable tal como está.
FINJUS: la primera en encender la alarma
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue una de las primeras voces institucionales en advertir sobre los riesgos de aplicar el nuevo Código sin correcciones. El 28 de junio de 2026, la organización pidió formalmente al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis de la Ley 74-25.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS sostuvo que la legislación presenta «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal. La entidad planteó que el presidente de la República impulse una modificación del artículo 393 de la ley para aplazar su aplicación y abrir un espacio de consultas y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
La petición de FINJUS no fue un gesto aislado: llegó en medio de un creciente debate jurídico en el que penalistas, académicos, jueces y organizaciones especializadas coincidían en señalar errores de redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución y con el Código Procesal Penal.
Cronología: de la alarma de FINJUS a la sesión suspendida
28 de junio de 2026. FINJUS pide al Ejecutivo extender el plazo, la Fundación Institucionalidad y Justicia solicita formalmente al presidente de la República que someta al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal. Advierte sobre «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» en el texto de la Ley 74-25.
El sector empresarial toma posición. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) depositó ante la Cámara de Diputados su posición institucional, resultado de un proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas. El gremio presentó una matriz técnica con propuestas de redacción artículo por artículo, abordando temas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, la libertad de expresión, y nuevos tipos penales relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales. El CONEP también solicitó ampliar el período de entrada en vigencia para «garantizar una revisión exhaustiva de las modificaciones y la correcta preparación para el cumplimiento e implementación de una reforma tan importante».
En paralelo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) llamó a revisar ocho artículos de la Ley 74-25 cuya redacción, según el gremio, podría generar incertidumbre jurídica para las empresas. En particular, identificó los artículos 8 al 13 y los artículos 150 y 151 como disposiciones que requieren mayor precisión para garantizar el respeto a los principios de legalidad y debido proceso. «La AIRD respalda un Código Penal moderno y actualizado para República Dominicana. Precisamente por eso consideramos importante que este proceso de modificación permita corregir las disposiciones que, en su redacción actual, pueden dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica de las empresas», afirmó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.