Recurso ante el Tribunal Constitucional busca obligar a autoridades a recuperar el orden en el casco histórico
Un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en materia de amparo fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de obligar a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y a otras cuatro instituciones del Estado a adoptar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, medio ambiente y orden público en los sectores de Gascue, Ciudad Nueva y la Zona Colonial.
La acción judicial fue presentada por el ciudadano Geraldino Uribe González, representado por el abogado Alcibíades Rincón Moreno, quienes sostienen que la falta de actuación efectiva de las autoridades ha provocado un deterioro progresivo de la calidad de vida en estas comunidades, caracterizadas por su valor histórico, patrimonial y residencial.
El recurso impugna de manera directa la Sentencia Núm. 0030-03-2025-SSEN-00438, emitida el 21 de agosto de 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), al considerar que dicha decisión no garantiza de forma efectiva la protección de los derechos fundamentales de los residentes afectados.
Según los accionantes, la ausencia de controles sobre el tránsito vehicular, la contaminación ambiental, los ruidos excesivos, las ocupaciones irregulares de espacios públicos y otras violaciones al orden urbano han convertido estos sectores en zonas con crecientes problemas de convivencia, afectando tanto a los residentes como al patrimonio histórico de la capital.
La revisión constitucional pretende que el Tribunal Constitucional revoque la decisión del TSA y ordene a las entidades involucradas ejecutar un plan de acción coordinado que permita hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de movilidad, protección ambiental, uso del espacio público y seguridad ciudadana.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo principal es rescatar la habitabilidad del casco histórico de Santo Domingo, preservando su condición de patrimonio cultural y garantizando el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro, ordenado y libre de contaminación.
Con este recurso, el Tribunal Constitucional deberá determinar si existió una vulneración de derechos fundamentales y si corresponde ordenar a las instituciones públicas adoptar medidas concretas para corregir una problemática que, según los demandantes, se ha prolongado durante años sin una respuesta efectiva de las autoridades competentes.