La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha encendido una discusión necesaria al abordar uno de los problemas más visibles —y normalizados— de la vida urbana en Santo Domingo: el comportamiento irregular de una parte significativa de los motoristas en las vías públicas.
Con un diagnóstico directo, la funcionaria señaló que el uso masivo de motocicletas representa hoy uno de los mayores retos en materia de seguridad ciudadana. No se trata únicamente de movilidad, sino de un fenómeno que impacta de manera transversal el orden público, la convivencia social y la percepción de autoridad en las calles.
Las estadísticas respaldan su preocupación. Las motocicletas figuran entre los principales factores asociados a accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales o lesiones graves. A esto se suma su frecuente utilización en hechos delictivos, particularmente en robos, así como el hecho de que estos vehículos también encabezan la lista de bienes más sustraídos en el país.
Sin embargo, Raful fue clara en evitar generalizaciones. Reconoció que miles de dominicanos utilizan la motocicleta como una herramienta legítima de trabajo o como medio de transporte económico, cumpliendo con las normativas vigentes. El problema, subrayó, radica en un segmento que ha impuesto una cultura de irrespeto a las reglas, ocupando las vías como si se tratara de espacios sin regulación.
La realidad cotidiana confirma ese señalamiento: motoristas transitando en vía contraria, ignorando semáforos en rojo, desplazándose por aceras destinadas a peatones y, en muchos casos, actuando con abierta desafiante frente a las autoridades. Este comportamiento no solo pone en riesgo sus propias vidas, sino también las de conductores y peatones, generando un clima de desorden e inseguridad.
El planteamiento de la ministra también deja en evidencia otro punto crítico: la debilidad en la fiscalización. La ausencia de consecuencias efectivas ha permitido que estas conductas se repitan y se consoliden como prácticas habituales. En ese contexto, el llamado de Raful no solo apunta a identificar el problema, sino a impulsar una respuesta institucional más firme.
Más allá del tránsito, el fenómeno de las motocicletas refleja una problemática estructural que involucra educación vial, oportunidades económicas y cultura ciudadana. Regularizar el sector, fortalecer la supervisión y promover el cumplimiento de la ley se perfilan como pasos indispensables para recuperar el orden en las calles.
La intervención de Faride Raful coloca sobre la mesa una verdad incómoda pero ineludible: sin autoridad efectiva ni respeto a las normas, la convivencia urbana se deteriora. El desafío ahora será transformar ese diagnóstico en acciones concretas que devuelvan la seguridad y el equilibrio al espacio público.