El trágico caso de Stephora Anne-Mircie Joseph sigue en la palestra pública. El 14 de noviembre salió de excursión escolar y nunca regresó con vida. Esta salida, organizada como “premio académico” por el Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, donde estudiaba, terminó en tragedia dentro de una hacienda con piscina.
El colegio no notificó la excursión al Distrito Educativo de Santiago, cosa que debió hacer y no hizo. Stephora, igual que otros estudiantes, era víctima de bullying y nadie hizo nada para evitar lo peor. Algunas madres han denunciado los acosos y maltratos que sufrían sus hijos en ese centro educativo.
Mientras, los días siguen pasando y sin embargo, hasta hoy, la familia no ha recibido una explicación clara sobre cómo murió la menor. El programa N Investiga mostró lo que se sabe, lo que falta por aclarar y las piezas que, hasta ahora, no encajan en la muerte de Stephora, permeada por un gran miedo y hermetismo en los padres y empleados del colegio.
Esa niña tierna y brillante hablaba tres idiomas. Era meritoria. Con apenas 11 años, llevaba cuatro años viviendo en República Dominicana. Su madre trabaja de manera remota; su padre, otro inmigrante haitiano, reside en Estados Unidos.
“Decidieron, para asegurar una buena educación para sus hijos, en espera que la crisis haitiana pueda solucionarse; decidieron venir hacia República Dominicana”, dice el excónsul haitiano Edwin Paraison, quien dirige la Fundación Zile.
El colegio en Santiago
Ese centro educativo, de clase media alta, opera como “asociación sin fines de lucro”, aunque cobra más de 22 mil pesos mensuales a sus casi 1,900 alumnos, para una facturación mensual estimada de 30 millones de pesos. Pero detrás de esa fachada, según madres de exalumnos, existe un largo historial de irresponsabilidades y negligencias, desde su fundación en 1985.
“El colegio es muy reconocido. Sí, hay clase alta, clase media. De bajos recursos no hay, porque ellos no becan a nadie. O sea, todos los padres que están ahí o estuvimos ahí, pagábamos igual que todos. Lo que pasa es que tú llegas con un apellido de cierto nivel ahí y ya ellos encumbran a ese muchacho”, declara la madre de un exalumno.
Según testimonios de otras madres de exestudiantes, el bullying a Stephora no es un caso aislado. Estephanie Llenas Brugal, a través de su cuenta de Instagram, denunció esta semana la situación que vivió durante 5 años con sus hijas: “Cada vez que leo algo nuevo de este caso, me lleno de la misma impotencia que una y otra vez sentía”.
A través de la misma red social, otra madre escribió: “Yo a la mía la liberé de ese zoológico inmediatamente al segundo año de conocer a fondo la realidad que hay ahí”. Otra exalumna comentó: “Mis padres, luego de 3 años, me dieron la razón y me sacaron de ese colegio por el bullying y el acoso sexual que recibía. Los profesores y coordinadores se hacen los locos”.
Una madre que mostró N Investiga también reveló un patrón de acoso escolar, encubrimientos y discriminación no solo por nacionalidad o color de piel, sino también un favoritismo hacia aquellos con apellidos prestigiosos o conexiones políticas.
“Terrible, horroroso, el peor año de mi vida. Usted no sabe lo que es usted llevar un muchacho al colegio y mientras esté ahí, ese corazón a millón, ¿eh? Sin usted saber lo que va a pasar”, afirma la madre de un alumno.
En el 2018 su hijo, que actualmente tiene 24 años, sufrió acoso escolar, del que se enteró al encontrar graves amenazas en su teléfono.
Madre de exalumno expresa al respecto: “Amenazas de muerte. Esos buscaron muchachos de afuera también para que le cayeran a mis hijos. Lo amenazaron, que si le iban a hacer daño a su hermana. Su hermana no estaba en ese colegio, pero igual. Que si lo tocabas a ellos, él iba a tener que mudarse de Santiago, ya que eran intocables”.
A siete años del hecho todavía recuerda, indignada, las evasivas respuestas que recibió al notificar estos hechos a las autoridades escolares a pesar de recibir pruebas de los amenazantes mensajes.
“Que esos son niños que tienen problemas familiares en su casa. Esa era la respuesta que me daban, que yo no sabía lo que estaban viviendo esos muchachos. Pero quien tenía que ocuparse de los problemas familiares de esos muchachos eran sus padres, no yo sentarme a que le hicieran lo que ellos quisieran a mi hijo”, prosigue la madre.
La situación llegó a un punto que su hijo se vio obligado a defenderse físicamente de las constantes amenazas de muerte y el hackeo de sus cuentas de redes sociales, por lo que intentaron buscar justicia a través del sistema legal presentando una denuncia, pero afirmó que, al igual que a la madre de Stephora, el sistema judicial obstruyó sus esfuerzos y el caso terminó siendo desestimado por prescripción.
“Fui a poner una denuncia a la Fiscalía para que rastrearan quién era que se había robado las cuentas de mi hijo, los saqueadores, para poder demandar. Pero, ¿qué sucede en el departamento cibernético de la Policía de aquí? Yo iba todos los días: «Ah, no, no, no, espérese, no podemos». ¿Qué sucede? Eso tiene un tiempo para que se caiga y se cayó”.
Considera que ese accionar del sistema judicial de la provincia no fue fortuito. Y por eso declara: “El que hackeó la cuenta es hijo de un político. Al que el hijo mío le dio la trompada, era hijo de otro político, de un diputado. De diferentes partidos, porque aquí no estamos hablando de partidos tampoco. El asunto es que yo tiro esos muchachos ahí a que hagan lo que le dé la gana”.
Mientras, el Ministerio de Educación asegura que se toman muy en serio las denuncias de bullying, calificado en sus normas de convivencia como una falta muy grave, por lo que llevan a cabo una estrategia de “cultura de paz”.
Ancell Scheker, viceministra Asuntos Pedagógicos y Técnicos del MINERD, apunta: “En una ocasión recuerdo que justamente había un caso de una niña que sufría bullying, que se reportó a la escuela, la escuela lo trató, pero la familia entendía que no había tenido un tratamiento con la medida que se requería y la familia fue al Ministerio de Educación y nosotros pudimos, en el caso de ese colegio, intervenir, revisar las medidas que se habían tomado y reforzarlas y poder llegar a unos acuerdos”.
Sin embargo, a pesar de los testimonios de madres de exalumnos del Instituto Da Vinci, que revelan un patrón sistemático de acoso escolar, la viceministra indicó que nunca recibieron denuncias. También explicó el protocolo a seguir en esos casos.
“Primero, obviamente, se detecta en la escuela la situación. La escuela lo tiene que trabajar con los estudiantes, con las familias, y lo reporta al Distrito educativo. El Distrito educativo lleva ese reporte y también, dependiendo del caso, pues tiene su equipo de orientadores y psicólogos que también pueden apoyar en los procesos de acuerdos que se realizan”, añade la funcionaria.
Al cuestionar sobre si hay algún antecedente de colegios o escuelas sancionadas por ignorar denuncias de acoso escolar, esta fue respuesta:
“Ha habido escuelas que uno ha podido, de alguna manera, amonestar, pero lo que se ha hecho es un trabajo de intervención. O sea, hemos intervenido para asegurarnos que se están siguiendo los protocolos, que se están siguiendo medidas que realmente permitan resolver la situación, que permitan sanar o que permitan atender al caso en particular, porque cada caso no es igual”.
Respecto a la excursión en la que murió Stephora, explicó que el Distrito educativo correspondiente al colegio no había sido notificado, incumpliendo con la Orden Departamental 09‑2009, emitida en 2009, a raíz de la muerte de dos estudiantes del Colegio La Unión, mientras se bañaban en el Salto de Baiguate, Jarabacoa, durante una gira escolar.
La viceministra Scheker subraya: “En este caso, no hubo esa información al distrito, pero sí se verificó que se contaba con los permisos de los padres y las madres o tutor, ¿verdad?, para ir a esa excursión que se realizaba con motivo de reconocer y premiar, de alguna manera, a estudiantes meritorios, que tenía ese fin. Pero luego no tenemos ya otra información de lo sucedido. Inmediatamente, es un hecho que investiga el Ministerio Público”.
Se solidarizó con la familia de Stephora y expresó que el Ministerio está tomando nuevas medidas para evitar situaciones similares, incluyendo reforzar la vigilancia ante casos de bullying.
“Ha sido un caso muy lamentable que nos ha afectado a todos y que, evidentemente, hace que uno revise los protocolos y los servicios justamente. Revisamos la Orden Departamental 09- 2009, y aunque después de ella se han emitido circulares al respecto, decidimos realizar una nueva orden departamental que sea más específica en algunos aspectos de seguridad y de supervisión”, indica la viceministra.
Y para colmo, según declaraciones del director provincial de la Defensa Civil, la Hacienda Los Caballos no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la ley, incluyendo la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y otros sistemas de seguridad.
“Quizás desconocimiento, no lo tenían. El Ministerio Público se tiró al lugar en compañía de nosotros y clausuraron la Hacienda Los Caballos“, precisa Francisco Arias, encargado de la Defensa Civil en Santiago.
Al tratar de entrevistar a los abogados de la familia de Stephora, en su oficina, estaba el cónsul general de Haití en Santiago, reunido con ellos.
Este viernes, salió a relucir que la administración del plantel convocó de manera formal a los padres de sus estudiantes para que el equipo jurídico del plantel les explique el estado y el alcance de la investigación. También se filtró en los medios una nota informativa, supuestamente emitida por el colegio, donde adelantan el cierre de las actividades docentes y la entrega de notas para el próximo 12 de diciembre.
La madre de un exalumno manifiesta: “Ellos hablan de que “A crear líderes para el futuro”. ¿Cuál líder tú me estás hablando de crear para el futuro si tú lo estás oprimiendo a que tape o que deje que le pasen cosas malas por poder?”.
Mal hecho por el colegio
Se trata de toda una cadena de anomalías: un colegio que guardó silencio durante 16 días, una Fiscalía que se negó a recibir la denuncia inicial de la madre, padres y empleados instruidos a no hablar, y una institución con antecedentes de negligencia, bullying severo, discriminación y encubrimientos denunciados por madres de exalumnos desde hace años.
Nada avanzó por iniciativa propia. La investigación solo tomó forma cuando la madre de Stephora —sola, extranjera, ignorada y sin respuestas— empezó a presionar públicamente. Hoy, pese a la indignación nacional, aún no existe una explicación clara. Hasta que la verdad no sea revelada, este caso seguirá siendo el reflejo doloroso de una madre que tuvo que pelear contra todos esos silencios para que la historia de su hija no quedara enterrada.
Lo que pasó
Fue el 14 de noviembre, viernes. Ese día, Stephora y otros 86 estudiantes fueron llevados a la Hacienda Los Caballos, propiedad de Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez y Dominga Blanco Muñoz, en Gurabo, Santiago. A las 11:30 de la mañana, llaman a la madre de la niña para informarle que se siente mal y le envían la ubicación de la hacienda. La madre va al lugar, pero permanece cuatro horas en las afueras sin poder entrar. Tras esta larga espera le dicen, de manera fría e inesperada, que pase a retirar el cuerpo sin vida de su hija y busque información en la Fiscalía de Santiago.
Según los familiares y los abogados, ha existido hermetismos en este caso, de donde surgen teorías diversas. Todas insinúan complicidad entre autoridades y colegio.
Sin decir qué fiscal, la madre denunció al principio que no le recibieron la denuncia y no le enseñaron los vídeos hasta semanas después. Y establece que el colegio nunca la ha llamado o visitado a su casa.
Ningún alumno ha sido interrogado, solo los tres profesores y luego de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibiera a la madre de la menor en su despacho, el 28 de noviembre, dos semanas después de la tragedia y ordenó reforzar la investigación, asignando al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.
Familia desesperada
La desesperación de la familia es natural, mientras se desarrolla el debido proceso de investigación por parte del Ministerio Público, pero el silencio del colegio ante la madre no es aceptable.
A los 16 días hicieron un comunicado en el que expresan sus condolencias pero no explican nada, escudándose en que “la investigación es secreta”. Mientras tanto, padres y personal del centro parecen haber recibido la misma instrucción: no hablar.
Este colegio, que se supone está regulado por las leyes de asociación sin fines de lucro, tiene una Asociación de Padres y Amigos del Da Vinci, llamada APADAVI, que en la página web del colegio, afirman que “se involucran en el aprendizaje de sus hijos y la relación armoniosa el centro educativo”. Luego de varias llamadas, se logró localizar a la presidenta de la asociación, pero nadie quiere hablar o dar entrevistas.
A la presidenta de APADAVI, Natalia Reyes, se le pidió una entrevista para el programa. “Sí, pero yo no tengo derecho a dar entrevistas, a nadie. O sea simplemente represento a los padres”, respondió. Y colgó el teléfono.
La madre de un exalumno del Instituto Desarrollo Integral Da Vinci dice al respecto: “Se quedan callados porque supuestamente a los padres los están coaccionando de que sus hijos si hablan y cosas, que sus hijos no se lo van a aceptar en ningún otro colegio, supuestamente. Supuestamente, ahí hay una niña psiquiatra allá”.
Una reacción igual de escueta se obtuvo al contactar al colegio y preguntar por algo básico. ¿Quién es la directora o el director? “El equipo directivo es que hay. No hay una director, es un equipo directivo”, respondieron. Es decir, se niegan a decir quienes integran ese equipo, porque no tienen autorización.
Se pudo localizar a una pasada directora y todavía miembro del Consejo Directivo, Gisela de las Mercedes González Estrella, quien dice: “no yo no soy la directora, aquí hay 3 directores. Yo no soy la directora hace tiempo”.
-¿Cuáles son los nombres de los directores? ¿Por qué tanto misterio para decir el nombre de una directora? ¿Es que hay algo pecaminoso para decir el nombre? ¿Un misterio? -se le pregunta.
-Usted sabe que no -contesta.
-Entonces, diga el nombre de la directora -se le insiste. Pero también cuelga.
Ante tantas reuniones de los directivos, el equipo de N Investiga se trasladó a Santiago, pero corrió la misma suerte.
“No la puedo dejar entrar, es mi trabajo. Es que están en una reunión”, dice el portero.
Allí se corre la voz de que el silencio, el miedo o la precaución es una línea del colegio. De hecho, padres de estudiantes han retirado de sus vehículos stickers con el logo del colegio y los maestros se están poniendo sus uniformes una vez entran al plantel.
El jueves, los abogados y la madre dieron una rueda de prensa confirmando algunas de las denuncias, como que finalmente tres semanas después recibieron los videos pero no están completos.
“Y esa fue la primera, el primer reclamo que se le hizo al procurador adjunto, al director de Persecución, quien nos dijo, incluso nos garantizó: ‘si encontramos cualquier situación irregular, aquí habrá sanciones a quien haya intervenido en ello’”, expuso un abogado de la familia de Stephora.
Los abogados entienden que puede haber una edición, pero no han podido determinar si fue en la Hacienda o en la Fiscalía.
No es la primera vez que tragedias así sacuden al país. En 2019, Nairobi Montes De La Cruz, una menor de 15 años, murió ahogada en una piscina mientras celebraba su cumpleaños, pero gracias a un dramático vídeo de las cámaras de seguridad del Club Veloz de Pantoja, donde ocurrió el hecho, se confirmó que no se ahogó sola, sino que el hecho fue provocado por otro menor de 16 años al que consideraba su mejor amigo. En aquella ocasión, N Investiga mostró las dramáticas imágenes que permitieron aclarar un asesinato que, sin imágenes, se habría manejado como accidente.
Trece minutos bastaron para observar lo que sucedió en las grabaciones. Ahí se ve como Michael Amador, vestido con un short color naranja, lanza con toda su fuerza a Nairobi a la piscina que tiene una profundidad de aproximadamente unos 4 pies.
La hermana mayor, Nahidely Montes, narró los últimos minutos que pasó junto a su hermana: “Se ve como que ella comenzó como a discutirle, como que no la tire, después él la tiro y él andaba como persiguiéndola y ella como que se le movía del lado. Segundos más tarde, Michael toma un niño de unos 3 años y ambos se lanzan a las aguas mientras la joven trata de llegar a la orilla para poder salir. En ese mismo instante, la mamá del pequeño le grita a Michael que le entregue al bebé”.
Nairobi, al lograr salir por segunda vez de la piscina, y sin pasar ni tan solo 30 segundos, el acusado de homicidio la lanza nuevamente aún con más fuerza. “Y él se queda mirándola, mirándola, -agrega la hermana- y se queda mirándola para todos lados, se quita la bermuda y se le tira al lado, la hunde, se le sube arriba, comienza como a brincar, y ahí se queda nadando normal; después la arrastra para abajo, para lo hondo, y después ahí él sale y no ve que ella sale, mirando, mirando, y después, al rato, fue a buscarla. Unos dos minutos transcurrieron para que Nairobi se ahogara frente a los ojos de unas dieciséis personas que se encontraban dentro de la piscina, quienes se quedaron como si nada estuviera ocurriendo, sumando la ausencia de personal de salvavidas que hubieran evitado la tragedia”.
Fríamente, sin ningún remordimiento, el mismo Michael saca de las profundidades de la piscina a Nairobi, evidenciándose en el mismo vídeo que ya la joven había perdido la vida.
Luego de hacerse viral el vídeo sobre la muerte de Nairobi, la Policía Nacional hizo pública la detención de Michael Amador Valero, el 5 de septiembre de 2019, cuatro días después del hecho. Finalmente, fue condenado a ocho años de prisión.
Quien no ha logrado justicia es Mildred Correa, cuya hija Yeira Encarnación también murió ahogada, cuando se encontraba en un balneario junto con otros adolescentes y un joven de 18 años.
Ante la ineficacia de las autoridades, la madre llegó al punto de exhumar el cadáver y tirarlo en la entrada de la Fiscalía de Higüey.
“Hay un trato insensible, discriminatorio por ser extranjera, en este caso por ser haitiana. Y, y, y eso es totalmente inconcebible”, dice Paraison, de la Fundación Zile. Y agrega: “Pero aquí ha existido una reacción nueva. El tono discriminatorio se ha visto en redes sociales, con comentarios cargados de xenofobia. Un usuario de Instagram escribió: “Así estamos esperando la justicia aquí en San Francisco, donde una turba de haitianos asesinó y descuartizó al señor de mantenimiento de mi edificio”. Otro comentó: “No justifico lo malo pero cuántos haitianos no han violado niñas en RD?”
A esta situación discriminatoria se suma otro problema: el bullying de que Stephora era víctima por parte de algunos de sus compañeros de colegio. Al respecto dice Paraison: “Quiero repetir las palabras textuales de la mamá, que lo ha dicho, la llamaban ‘maldita negra’, una ‘maldita haitiana’. Y eso para una niña es fuerte”.