A más de 20 años de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, el sistema dominicano de seguridad social vuelve al centro del debate público. Aunque el país exhibe altos niveles de afiliación formal, organizaciones sociales, gremiales y académicas coinciden en que el modelo presenta fallas estructurales que afectan el acceso real a la salud, la calidad de las pensiones y la protección efectiva de amplios sectores de la población.
El cuestionamiento no proviene solo de expertos, sino también de una articulación amplia de organizaciones sociales que reclaman una transformación profunda del sistema, al considerar que el modelo vigente prioriza la rentabilidad privada sobre los derechos fundamentales.
Un sistema con alta afiliación, pero baja protección real
De acuerdo con la Agenda de Derechos Humanos en la República Dominicana 2025–2028, el 97 % de la población está afiliada al Seguro Familiar de Salud, principalmente a través del régimen subsidiado. Sin embargo, esta cobertura formal no garantiza acceso equitativo ni servicios de calidad, debido a la segmentación del sistema y a las limitaciones del plan básico de salud.
El documento advierte que el gasto de bolsillo en salud continúa siendo elevado —alrededor del 42 % del gasto total— lo que impacta de manera desproporcionada a los hogares más pobres y vulnerables 22104. A esto se suma la debilidad de la infraestructura pública y la percepción ciudadana de un sistema “inequitativo y mercantilizado”, con baja transparencia en la gestión de recursos.
Pensiones: baja densidad de cotización y futuro incierto
Uno de los puntos más críticos del modelo es el sistema de pensiones basado en la capitalización individual. Según el diagnóstico contenido en la agenda, la densidad de cotización apenas alcanza un 44.7 %, lo que reduce significativamente la posibilidad de acceder a una pensión digna al momento del retiro 22104.
La alta informalidad laboral —que ronda el 56.8 %— limita aún más la sostenibilidad del régimen contributivo y deja fuera a amplios segmentos de la población trabajadora 22104. Como resultado, el envejecimiento se perfila como un nuevo foco de desigualdad social.
Desde la perspectiva de organizaciones sociales, el modelo vigente profundiza las brechas y no responde al principio de solidaridad que debería regir un sistema de seguridad social.
La Coalición por una Seguridad Social Digna: “no más AFP ni ARS”
En este contexto, la Coalición por una Seguridad Social Digna, integrada por más de 30 organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, académicas y gremiales, ha asumido una postura frontal frente al modelo actual.
La coalición plantea que la Ley 87-01 convirtió la salud y las pensiones en mercancías y redujo el rol del Estado a un garante de la rentabilidad de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de los fondos de pensiones (AFP), en lugar de asegurar derechos fundamentales.
Desde su perspectiva, estas entidades privadas no operan para garantizar bienestar social, sino para asegurar beneficios económicos, lo que —afirman— se traduce en negación de servicios, limitaciones en coberturas y pensiones insuficientes.
Hacia un nuevo modelo de seguridad social
La Coalición plantea la necesidad de sustituir el modelo actual por un sistema público, solidario y sin intermediación privada obligatoria, en el que el Estado asuma plenamente su responsabilidad como garante del derecho a la salud, las pensiones y la seguridad social.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Eliminar la intermediación obligatoria de las AFP y ARS.
- Establecer un sistema nacional de salud que cubra integralmente servicios y medicamentos.
- Garantizar pensiones dignas que permitan una jubilación real y suficiente.
- Cumplir con la asignación del 4 % del PIB al sector salud.
- Fortalecer el rol del Estado como garante directo de derechos sociales.
Estas propuestas coinciden con los planteamientos recogidos en la Agenda de Derechos Humanos, que llama a una reforma integral de la Ley 87-01 para avanzar hacia un modelo universal, solidario y basado en derechos, que priorice a las personas por encima de la rentabilidad financiera.
Un consenso social en construcción
Tanto la Agenda de Derechos Humanos como la Coalición por una Seguridad Social Digna coinciden en que el debate ya no es técnico, sino político y social. El sistema actual —sostienen— ha perdido legitimidad ante una ciudadanía que enfrenta copagos elevados, pensiones insuficientes y servicios limitados, mientras observa la concentración de beneficios en pocos actores.
Las organizaciones advierten que no reformar el sistema a tiempo profundizará la desigualdad, incrementará la pobreza en la vejez y debilitará la cohesión social. Por ello, insisten en la urgencia de abrir un proceso amplio de diálogo nacional que coloque en el centro el derecho a la salud, a la seguridad social y a una vida digna.