El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, subrayó la necesidad de que se logre un mayor porcentaje de aplicación, en comparación con otros países de la región donde estas prácticas han demostrado ser exitosas para la agilización de los procesos y la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
Rodolfo Valentín Santos junto a la titular de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, coincidieron en que una gestión responsable de los acuerdos puede reducir significativamente tiempos de tramitación, costos procesales y revictimización, siempre que se garantice información suficiente, asesoría técnica de calidad y control judicial efectiva en cada etapa.
En cuanto a las fianzas y demás medidas de coerción, se abordó la necesidad de criterios uniformes que ponderen el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y la proporcionalidad, reforzando a la vez la presunción de inocencia, minima lesividad y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.
En otros países de la región y en Estados Unidos, los acuerdos de penas tienen una participación imperante en la conclusión de procesos judiciales: En Estados Unidos (ámbito federal), el 97.1 % de los casos se resolvió mediante declaración de culpabilidad (guilty plea) en 2023.