El Ministerio Público continúa con su labor de lucha contra la impunidad y la corrupción, presentando pruebas sólidas contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Camilo de los Santos Viola, involucrados en el Caso Coral, en el que se investiga el desvío de más de 4,500 millones de fondos públicos.
Este proceso judicial se centra en la sustracción de recursos de diversas instituciones, incluyendo el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani). Las pruebas presentadas por el Ministerio Público documentan un saqueo sistemático al patrimonio nacional, con implicados de alto rango en las fuerzas armadas y figuras civiles.
En la última audiencia, el tribunal, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, atendió los argumentos presentados por el Ministerio Público antes de que el juicio fuera suspendido por motivos de salud de uno de los acusados, José Manuel Rosario Pirón. La audiencia continuará el jueves 5 de octubre con la presentación de los argumentos conclusivos contra otros implicados en el caso, como Esmeralda Estrella Polanco y Alejandro Montero Cruz.
El caso ha destapado una serie de evidencias, entre las cuales destacan cheques de gran cuantía, documentos de transacciones financieras irregulares y grabaciones telefónicas. Uno de los acusados, De los Santos Viola, fue beneficiado con un total de 185 cheques que tenían como propósito actividades de inteligencia en el marco de operaciones presidenciales y de seguridad. Además, se ha confirmado la posesión de bienes de lujo, vehículos y armas de fuego de parte de los implicados, lo que refuerza la acusación de un enriquecimiento ilícito a costa del erario público.
El Ministerio Público ha presentado un total de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes y 282 testimonios de testigos, todo lo cual contribuye a demostrar la magnitud de la red de corrupción, liderada por Cáceres Silvestre, quien es señalado como el principal responsable del desvío de fondos públicos, entre 2012 y 2020.
Entre los acusados también se encuentran Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Guzmán Sánchez, quienes están relacionados con la ejecución de varios actos delictivos dentro de esta red. Además, se han identificado 214 inmuebles y 86 vehículos de alto cilindraje, que serán objeto de decomiso por parte del Estado.
Este juicio ha sido considerado como uno de los más grandes procesos de corrupción en la historia reciente del país, y el Ministerio Público ha solicitado el decomiso de bienes incautados, los cuales generaron ingresos por concepto de alquileres y actividades productivas que ascienden a más de RD$86 millones. El caso sigue su curso y se espera que continúe con la presentación de pruebas en los próximos días.