Por: José Miguel García Hernández
La modernización institucional en la República Dominicana ha sido un proceso progresivo, marcado por iniciativas que buscan acercar el Estado a la ciudadanía y responder a las demandas de un mundo cada vez más digitalizado. En ese marco, la Ley Núm. 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil, promulgada en enero de 2023, constituye un verdadero punto de inflexión en la forma en que el país concibe, organiza y garantiza el derecho a la identidad. El Registro Civil, históricamente sustentado en libros físicos, firmas manuscritas y trámites presenciales, se adentra ahora en la era digital con una apuesta que, bien gestionada, puede convertirse en uno de los mayores avances democráticos e institucionales de los últimos tiempos.
La modernización del Registro Civil dominicano no se limita a un cambio de formato o a la simple digitalización de documentos. Se trata de una transformación estructural y profunda que persigue convertirlo en un sistema único, centralizado y respaldado por tecnología de punta. Según lo establece la Ley 4-23, este registro debe funcionar como una base de datos electrónica y física integrada, donde cada acto relacionado con el estado civil de las personas desde el nacimiento hasta la defunción quede debidamente inscrito y protegido por medidas de seguridad avanzadas .
Entre las innovaciones más relevantes se encuentra la incorporación de la firma digital y los sellos electrónicos cualificados, que permitirán a los oficiales del Estado Civil garantizar la autenticidad de cada asiento y certificación. Esto, a su vez, agiliza los procesos y reduce la dependencia de trámites presenciales, abriendo la puerta a un Registro Civil más eficiente, ágil y accesible. A ello se suma la captura y almacenamiento de datos biométricos, un mecanismo que fortalece la verificación de identidad y dificulta la suplantación o falsificación de documentos .
La modernización liderada por la JCE se refleja en la implementación de plataformas electrónicas que permiten a los ciudadanos acceder de forma más ágil a certificaciones y servicios. Este esfuerzo no solo reduce los tiempos de espera y los trámites burocráticos, sino que además contribuye a fortalecer la confianza en la institución, al demostrar capacidad para adaptarse a los retos tecnológicos y ofrecer soluciones concretas.
Los avances más recientes han marcado hitos significativos. En abril de 2021 se eliminó el trámite de legalización de actas, simplificando procesos que por años representaron cargas innecesarias para la ciudadanía. Luego, en 2023, la promulgación de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil vino a modernizar de manera integral todo el sistema, introduciendo novedades como la firma digital, la validación tecnológica, el registro biométrico y la posibilidad de reconstrucción de actas. Hoy, en 2025, con la entrada en vigencia de su reglamento de aplicación, la República Dominicana puede afirmar que ha pasado de un Registro Civil sustentado en libros manuscritos a un modelo digital, seguro y alineado con estándares internacionales, siempre bajo la conducción de la Junta Central Electoral como garante del derecho a la identidad.