Con un salario mínimo de 365.00 dólares mensuales es casi imposible o imposible para un ciudadano promedio de El Salvador acceder a una vivienda de más de 90.000 dólares.
Los precios de las casas en este país centroamericano generan una tremenda brecha de desigualdad y han obligado a muchas personas a vivir en lugares que no cumplen con ciertos estándares mínimos que permitan ofrecer una calidad de vida adecuada.
El salario mínimo en el comercio, servicio e industria es actualmente de 365.00 dólares, en el sector maquila 359.16 dólares y en el área agrícola oscila entre 243.00 dólares y 272.00 dólares.
En los anuncios en los periódicos se encuentran casas en venta de 26.000 y 40.000 dólares en zonas populares, y de más de 90.000 dólares en zonas consideradas «seguras». Algunos anuncios sugieren precios de 200.000 o 700.000 dólares, lo que es imposible de acceder para un trabajador con un sueldo mínimo.
Los alquileres de las viviendas también reportan un elevado precio, ya que en las zonas «seguras» o céntricas se cotizan entre 1.250 dólares y 2.500 dólares, por lo que un trabajador, por ejemplo, con un salario mensual de 2.500 dólares también tendría dificultad para acceder, ya que al precio del alquiler se le agregan los cargos de los servicios básicos (agua y energía) y de administración y vigilancia.
Un apartamento de unos 34 metros cuadrados en una zona de clase media baja costaba hace unos 10 años 20.000 dólares y en la actualidad el precio ronda entre los 35.000 y 45.000 dólares.
El Fondo Social para la Vivienda es el ente gubernamental encargado de brindar financiamientos para adquirir una vivienda, no obstante, los fondos otorgados dependen del salario de la persona que lo solicita.
ACCESO A LA VIVIENDA «MERCANTILIZADO»
William Murcia, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y de la Plataforma Nacional por el Habitad que aglutina a al menos 20 organizaciones sociales, señaló a EFE que «históricamente se ha evidenciado que hay sectores excluidos por acceder a una vivienda» en el país.
«Si bien es cierto que la Constitución declara de interés social la construcción de la vivienda en el país, vemos de que no ha habido una priorización en relación a fomentar vivienda de interés social y asequible para las familias en el país», apuntó.
Aseguró que «en nuestro país se asocia acceder a una vivienda con las condiciones económicas que pueda tener la familia, en ese sentido el acceso a la vivienda se ha mercantilizado y el enfoque de acceder a una vivienda no se ve bajo el enfoque ve derechos».
Dijo que, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2021, alrededor del 50 % de las familias no son propietarias de sus viviendas y alrededor de un 40 % de los hogares vive en hacinamiento.
«Una solución habitacional puede ser cualquier cosa y en nuestro país una solución habitacional la puede constituir una pared mixta y tres paredes de láminas», señaló.
Indicó que, «si bien es cierto, existen áreas o instancias del Estado que tratan el tema de la vivienda en el país, identificamos que hay una dispersión en las mismas».
Aseguró que en el país «no se identifica claramente cuál es regulación en relación a la compra y venta de la vivienda y se ha mercantilizado el acceder a una vivienda», recalcó.Continuar leyendo la historia