Tras décadas de anuncios, postergaciones y un historial plagado de irregularidades, la cárcel de la Nueva Victoria, en Las Parras, finalmente inicia operaciones, pero su apertura no logra borrar las dudas que rodean el proyecto desde sus cimientos.
Concebido como la obra penitenciaria más ambiciosa del país, el nuevo recinto debía sustituir al hacinado penal de La Victoria y convertirse en emblema de modernización. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en una muestra de cómo la falta de controles, la opacidad contractual y las presiones políticas pueden distorsionar una iniciativa pública.
Sobrecostos y adendas: el proyecto que nunca dejó de crecer
Investigaciones oficiales indican que la cárcel acumuló múltiples adendas, ampliaciones presupuestarias y modificaciones contractuales que dispararon su costo original. Documentos analizados por órganos de control reflejan que varias de esas ampliaciones carecían de justificación técnica sólida, mientras que empresas vinculadas a licitaciones mostraban similitudes de dirección, accionistas o beneficiarios finales.
La obra, que debía concluirse hace años, experimentó ampliaciones en su cronograma que, según expertos consultados, evidencian fallas de planificación y posibles decisiones tomadas para beneficiar a determinados contratistas.
Fallas estructurales y disputas técnicas
A las dudas financieras se sumaron informes de inspección que alertaban sobre problemas en la construcción, desde deficiencias en sistemas de tratamiento de agua hasta inconsistencias en la distribución eléctrica y áreas críticas del recinto. Especialistas señalaron que algunas fallas parecían derivar de cambios improvisados en el diseño original y de supervisiones que no actuaron con independencia.
Aunque las autoridades han asegurado que las instalaciones cumplen con los estándares requeridos, técnicos que participaron en etapas previas reconocen que varios ajustes fueron realizados a contrarreloj para permitir la apertura del penal.
Un penal envuelto en un caso de corrupción
El proyecto también quedó entrelazado con un caso de corrupción de alto perfil, donde se investigan presuntos sobornos, manipulación en procesos de contratación pública y enriquecimiento ilícito relacionado con la obra. Este expediente judicial transformó a Nueva Victoria en un símbolo de cómo la infraestructura pública puede ser utilizada para fines privados bajo el amparo de mecanismos administrativos opacos.
La complejidad del caso y la cantidad de actores involucrados han convertido la cárcel en un referente obligado en debates sobre transparencia, control del gasto y reforma institucional.
La apertura: ¿inicio de una solución o continuación del problema?
Pese a las polémicas, el recinto inicia operaciones con la promesa de aliviar el colapso del sistema penitenciario. No obstante, organizaciones de derechos humanos, especialistas en justicia y sectores de la sociedad civil advierten que el verdadero reto no es abrir una nueva cárcel, sino garantizar que esta no repita las fallas estructurales y de gestión que han caracterizado el sistema penal dominicano por décadas.
La entrada en funcionamiento de la Nueva Victoria marca el cierre de una etapa, pero abre otra aún más desafiante: la de demostrar que un proyecto nacido entre sombras puede operar con transparencia, seguridad y respeto a los derechos humanos.