El jurista y especialista en Derecho Penal Francisco Álvarez cuestionó la actuación del Estado dominicano ante la tormenta tropical Melissa, al considerar que el manejo institucional de la emergencia refleja nuevamente la falta de coordinación y de un mando unificado entre los organismos públicos.
“Cada órgano actúa de forma aislada, emitiendo resoluciones, comunicados y actos administrativos inconexos que terminan generando incertidumbre jurídica, operativa y social”, señaló Álvarez, al analizar la respuesta del Estado frente a los efectos de la tormenta.
En su planteamiento, el jurista destacó que el Poder Judicial decidió suspender las labores en algunos departamentos judiciales, pero no en otros, ignorando que muchos jueces, abogados y empleados deben desplazarse entre esas jurisdicciones. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución suspendiendo las labores en las provincias en alerta roja “sin afectar los derechos ni salarios de los trabajadores”, lo que, según explicó, aunque bien intencionado (¿o populista?), ignora lo dispuesto en el Código de Trabajo, así como los criterios consolidados por la jurisprudencia y la doctrina laboral dominicana.
Álvarez recordó que la norma contempla como causa de suspensión el caso fortuito o de fuerza mayor, lo que encaja perfectamente en una situación como la que provoca un fenómeno natural, pero que “requiere formalización jurídica, no simples comunicados e incertidumbre administrativa”.
También criticó que el propio ministro de Trabajo, desde su cuenta personal, haya emitido una “aclaración” sobre la aplicación del teletrabajo durante la tormenta. “Aunque su explicación fue oportuna, en estricto derecho no se trata de un acto administrativo formal, sino de una manifestación informal de voluntad sin valor jurídico vinculante, emitida fuera del procedimiento previsto en la norma y sin publicación oficial”, escribió.
Álvarez advirtió que esta dispersión institucional “vulnera principios fundamentales como la coordinación institucional, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica”, generando que los ciudadanos no sepan si están obligados o dispensados de trabajar, los empleadores teman sanciones o demandas, y las instituciones operen “en un limbo de competencias”.
Propuso una reforma que establezca un sistema real y unificado que concentre la competencia para emitir disposiciones vinculantes en una sola autoridad, y que obligue a los demás órganos del Estado a subordinar sus medidas a ese mando central.
“Solo una respuesta unificada y jurídicamente sólida puede preservar la confianza pública y la legitimidad del Estado en los momentos de mayor vulnerabilidad”, concluyó Álvarez, advirtiendo que mientras cada institución siga actuando “como isla normativa”, el país seguirá enfrentando los desastres naturales con improvisación e inseguridad jurídica.