Es para resolver las más de 20 mil reclamaciones de usuarios.
El titular de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Andrés Astacio, y el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Erick Guzmán, sostuvieron una reunión de trabajo coordinada por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, a fin de reducir la cantidad de resoluciones de reclamaciones pendientes por notificar a los usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica.
El superintendente de Electricidad precisó que la colaboración con Inposdom ayudará a descongestionar las más de 20 mil notificaciones pendientes por resolver a nivel nacional, según cifras de la Oficina de Protección al Consumidor del Servicio Eléctrico (Protecom), a aquellos usuarios quienes luego de colocar una reclamación, no proceden a retirar la decisión de la misma.
De su lado, el director de Inposdom, indicó que a partir de la próxima semana iniciaran el plan piloto del proyecto, distribuyendo las primeras cinco mil notificaciones en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, continuando posteriormente con las demás provincias del país.
En este sentido, Pablo Ulloa saludó la medida adoptada por la Superintendencia de Electricidad y el Inposdom, la cual deriva de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo a la propuesta de modificación al Reglamento para la Presentación, Procesamiento y Decisión de las Reclamaciones Surgidas en la Relación Empresas de Distribución y los Usuarios a través de la Vía Administrativa en octubre del año pasado.
Añadió que las 32 recomendaciones sugeridas por el equipo técnico del Defensor del Pueblo a este reglamento se realizaron con el propósito de que vayan apegadas al debido proceso y que contribuyan a proteger los derechos de los consumidores del servicio eléctrico.
La propuesta de modificación al Reglamento para la Presentación, Procesamiento y Decisión de las Reclamaciones Surgidas en la Relación Empresas de Distribución y los Usuarios a través de la Vía Administrativa, tiene como objetivo ofrecer una solución al cúmulo de decisiones no notificadas a las partes involucradas en el proceso de reclamaciones, procurando que el mismo resulte lo más eficiente posible, cumpliendo con los principios administrativos de celeridad, simplicidad, eficacia, transparencia, no discriminación, responsabilidad y equidad.-