Una auditoría interna realizada por la Contraloría General de la República reveló un amplio entramado de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud, correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de junio de 2024. El informe, de 66 páginas y concluido el 1 de julio de 2025, identificó un total de 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.
Entre las faltas más graves figura la ausencia total de estados financieros durante los años 2021, 2022, 2023 y parte de 2024, lo que imposibilitó evaluar la rendición de cuentas de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De ese monto, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el documento explique con precisión el destino de los RD$397,042,040 restantes.
La auditoría también evidenció que los presupuestos aprobados no guardaban coherencia con los Planes Operativos Anuales (POA), presentando inconsistencias entre los montos asignados y las actividades realmente planificadas, lo que refleja una débil planificación institucional.
Uno de los puntos más sensibles fue la entrega de RD$71,787,500 en concepto de “Ayudas Directas” sin que existieran políticas, criterios de evaluación ni mecanismos de control. El informe subraya que estos montos corresponden únicamente a los casos documentados, lo que sugiere que la cifra podría ser mayor.
Asimismo, se detectaron anomalías en la entrega de más de RD$727,645,936 en becas a estudiantes sin expedientes completos ni documentación mínima que permitiera verificar la elegibilidad de los beneficiarios. Estos hallazgos reforzaron denuncias previas que indicaban que parte de estas ayudas habría favorecido a miembros del movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
En el plano administrativo, la Contraloría señaló la falta de implementación efectiva del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF), así como violaciones a la Ley No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), evidenciando debilidades estructurales en la gestión financiera y operativa.
El informe también destacó que el portal de Transparencia Institucional se encontraba incompleto y desactualizado, en incumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
Otro aspecto crítico fue el manejo de la nómina. Esta pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, precisamente el año en que se extraviaron las nóminas del personal fijo, temporal, de seguridad y de período probatorio. En un levantamiento de 158 empleados, se detectaron 46 personas que no fueron localizadas, cuatro no identificadas y otras con asistencia irregular, lo que abre la posibilidad de pagos a “botellas” y a un uso discrecional de RD$634,097,931 en salarios.
En materia de compras y contrataciones, la auditoría documentó fraccionamientos de procesos para evadir los umbrales legales de licitación, adjudicando contratos a empresas mediante comparaciones de precios realizadas el mismo día por montos idénticos. También se identificaron adjudicaciones a compañías cuyos accionistas estaban impedidos por la Ley de Compras y Contrataciones, incluyendo contratos por RD$5 millones para la adquisición de combustible durante el período electoral, sin registros claros sobre su uso y distribución.
El informe reveló además la inexistencia de controles de almacén, lo que permitió la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615, así como irregularidades en expedientes de pago enviados a deuda pública, con retrasos de hasta dos años y facturas ya saldadas que seguían figurando como pendientes.
La Contraloría concluyó que el conjunto de hallazgos evidencia un patrón sistemático de desorden administrativo-operativo, caracterizado por la falta de controles internos, debilidad institucional y uso ineficiente de los recursos públicos, situación que compromete la transparencia y la correcta gestión del presupuesto asignado al Ministerio de la Juventud.