Los operativos en las avenidas Independencia y Winston Churchill buscan hacer cumplir la Ley 63-17 y reforzar la supervisión del servicio de transporte de pasajeros.
SANTO DOMINGO, RD.— Quince vehículos que ofrecían servicios de transporte público de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente fueron fiscalizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), durante operativos realizados en los corredores de las avenidas Independencia y Winston Churchill.
Las intervenciones se efectuaron ante presuntas violaciones al artículo 44 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece disposiciones relativas a la prestación del servicio de transporte público sin la licencia de operación o el permiso exigido por las autoridades competentes.
La actuación conjunta de ambas instituciones pone de relieve la importancia de mantener una vigilancia efectiva sobre el transporte de pasajeros, una actividad que requiere regulación, documentación en regla y cumplimiento de las disposiciones legales para operar dentro del sistema de movilidad nacional.
Supervisión del transporte y cumplimiento de la ley
La fiscalización de los 15 vehículos representa una intervención directa sobre operaciones que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente se realizaban sin las autorizaciones correspondientes. Este tipo de actuación busca verificar que quienes ofrecen transporte público cumplan con los requisitos establecidos para prestar el servicio.
En este escenario, el Intrant tiene a su cargo funciones vinculadas con la regulación del transporte terrestre, mientras que la Digesett participa en las labores de fiscalización y control del tránsito, conforme a sus competencias legales.
La coordinación entre ambos organismos resulta relevante para supervisar los corredores de transporte, donde circulan diariamente vehículos particulares, unidades de transporte colectivo y otros medios utilizados por miles de ciudadanos para trasladarse a sus centros de trabajo, centros educativos y demás actividades cotidianas.
La legalidad como condición para operar
La prestación del transporte público sin los permisos exigidos plantea desafíos para la organización del sector y la capacidad de las autoridades de identificar, supervisar y controlar a los operadores que ofrecen este servicio.
Por ello, los operativos de fiscalización constituyen una herramienta para verificar el cumplimiento de las normas y detectar posibles irregularidades. Sin embargo, la efectividad de estas intervenciones también depende de la continuidad de los controles, la aplicación de las medidas previstas en la legislación y la supervisión de los corredores donde se concentra una mayor actividad de transporte.
El cumplimiento de la Ley 63-17 debe ir acompañado de procedimientos claros, actuaciones debidamente documentadas y garantías para que los conductores puedan ejercer sus derechos durante los procesos de fiscalización.
Un reto permanente para la movilidad dominicana
La intervención en las avenidas Independencia y Winston Churchill vuelve a colocar sobre la mesa el desafío de ordenar el transporte público en el Gran Santo Domingo, donde la movilidad diaria exige coordinación entre las instituciones reguladoras, los organismos de seguridad vial y los operadores del sector.
La fiscalización de estos 15 vehículos constituye una acción concreta de control; no obstante, para dimensionar su alcance será necesario conocer si las autoridades mantendrán operativos similares en otros corredores, cuáles medidas se aplicarán en cada caso y qué mecanismos utilizarán para prevenir que se repitan las presuntas infracciones.
El objetivo de fondo es que el transporte público opere bajo las reglas establecidas, con controles efectivos y condiciones que contribuyan a una movilidad más organizada, segura y confiable para la ciudadanía.
La actuación coordinada del Intrant y la Digesett envía un mensaje sobre la obligación de cumplir las normas que regulan el transporte de pasajeros. El desafío será sostener la fiscalización y garantizar que la aplicación de la ley se traduzca en un control permanente y verificable del servicio.