La fiscal general de Nueva York asumirá como fiscal especial el expediente de una estudiante que denunció haber sido drogada y sometida a una agresión sexual colectiva; la actuación de las autoridades locales y de la universidad queda bajo nuevo escrutinio
NUEVA YORK.– El caso de los llamados “7 de Cornell” entra en una nueva y decisiva etapa luego de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fuera designada fiscal especial para investigar las denuncias de una estudiante identificada como Jane Doe, quien sostiene que fue drogada y sometida a una agresión sexual colectiva durante una fiesta vinculada a la fraternidad Chi Phi.
La decisión representa un vuelco significativo en un expediente que durante casi dos años permaneció sin acusaciones penales contra los siete señalados y que ahora será revisado directamente por la máxima autoridad fiscal del estado.
La intervención de James ocurre después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, apartara al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, cuya actuación quedó cuestionada luego de que reconociera que su oficina no realizó una investigación independiente de las acusaciones y que inicialmente decidió no presentar cargos.
MENSAJES, UNA FOTOGRAFÍA Y CUATRO HORAS BAJO LA LUPA
La demanda civil presentada por Jane Doe contra Cornell University, la fraternidad Chi Phi y siete estudiantes o exestudiantes contiene acusaciones particularmente graves sobre lo ocurrido aquella noche.
Según los documentos judiciales, mientras la joven se encontraba en una habitación, integrantes del grupo intercambiaron mensajes que hacían referencia a su presencia. Entre ellos aparecen expresiones como “¿Sigue abierta la tienda?” y “¿Puedes entrar y sacártela?”, según la demanda.
La documentación también sostiene que fue tomada una fotografía de la estudiante y compartida en un chat de miembros de la fraternidad.
La demanda describe una agresión que, según el relato de Jane Doe, se prolongó durante aproximadamente cuatro horas.
No obstante, estas afirmaciones forman parte de una demanda civil y deberán ser examinadas mediante la nueva investigación criminal.
¿QUÉ OCURRIÓ CON LA INVESTIGACIÓN ORIGINAL?
Uno de los aspectos que ahora adquiere mayor relevancia es la actuación del fiscal local.
Van Houten reconoció que no había tenido acceso a la transcripción de la entrevista de Jane Doe cuando tomó decisiones iniciales sobre el expediente. Cornell, por su parte, sostiene que su departamento policial había entregado documentación relacionada con el caso a la fiscalía.
La discrepancia sobre qué información recibió realmente la fiscalía se convierte ahora en uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación estatal.
LA RESPUESTA DE CORNELL TAMBIÉN QUEDA BAJO ESCRUTINIO
La universidad llevó a cabo un procedimiento disciplinario interno y aplicó diferentes sanciones a los estudiantes involucrados.
De acuerdo con los documentos y reportes publicados sobre el caso, dos estudiantes fueron expulsados, dos suspendidos por al menos dos semestres, uno ya se había graduado y dos fueron declarados no responsables de conducta sexual indebida.
Jane Doe posteriormente abandonó Cornell.
La universidad también acordó someter su manejo del caso a una revisión independiente externa, mientras continúan las repercusiones derivadas de las acusaciones.
LETITIA JAMES TENDRÁ AHORA LA PALABRA
La designación de Letitia James cambia el escenario jurídico. Como fiscal especial, tendrá autoridad para revisar nuevamente las evidencias, determinar si existieron actuaciones deficientes y establecer si existen elementos suficientes para presentar cargos criminales.
El expediente podría llegar ante un gran jurado, si la investigación estatal determina que existen pruebas que justifiquen ese paso.
Por ahora, los siete señalados no han sido acusados penalmente.
El caso queda así frente a una nueva pregunta central: ¿por qué una denuncia de esta gravedad permaneció sin cargos durante casi dos años y qué evidencias fueron realmente examinadas por las autoridades?
Esa es precisamente la cuestión que Letitia James deberá esclarecer.
El expediente Cornell, que comenzó como una denuncia universitaria y terminó convertido en una batalla judicial, entra ahora en una fase en la que las decisiones de las autoridades locales, las actuaciones de la universidad y las acusaciones de la denunciante serán sometidas a un nuevo examen estatal.