Por: Por: Daniel García Santana
El mal comportamiento de algunos técnicos de empresas contratistas ha afectado a las distribuidoras de electricidad (Edes) prácticamente desde su fundación en 1999.
Siempre he percibido que una parte de esos técnicos opera mediante estructuras paralelas a las Edes, desde las cuales realizan negocios irregulares, incluyendo instalaciones fraudulentas, chantajes y cobros indebidos a clientes y usuarios.
Las recientes denuncias y acciones contra brigadistas vinculados a supuestas prácticas de extorsión y cobros irregulares demuestran que el problema continúa y que requiere una solución estructural, no solamente medidas coyunturales.
Durante años, las distribuidoras han desvinculado empleados y brigadistas por conductas irregulares. Sin embargo, una de las grandes debilidades del modelo es que, en determinadas ocasiones, personal separado de una empresa contratista puede terminar trabajando para otra. Y lo digo desde mi experiencia de más de diez años de labores ejecutivas en el sector eléctrico. Por eso he propuesto en varias ocasiones que las distribuidoras de electricidad evalúen asumir directamente una mayor parte de sus operaciones técnicas.
Mi propuesta es capacitar jóvenes en electricidad, seguridad, servicio al cliente, valores y ética, en instituciones como el Infotep y el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC). Luego, las Edes podrían contratarlos directamente, con salarios dignos, beneficios, formación continua y posibilidades de desarrollo profesional.
Pero también debe existir una regla clara: ante una conducta irregular comprobada de cualquiera de los jóvenes contratados, la desvinculación debe estar sustentada en una investigación exhaustiva y el expediente correspondiente debe impedir que esa persona simplemente sea reciclada dentro del sistema.
La tecnología puede contribuir a este proceso mediante brigadas plenamente identificadas, órdenes de trabajo digitales, trazabilidad de las operaciones y canales seguros para denunciar cualquier intento de cobro indebido. Las recientes denuncias deben servir para revisar profundamente los mecanismos de contratación, supervisión y control de las empresas contratistas y determinar si el actual modelo es el más eficiente.
No se trata de afirmar que todas las empresas contratistas o todos sus técnicos actúan de manera irregular. Se trata de reconocer que, si este problema ha persistido durante años, las soluciones deben cambiar.
Quizás haya llegado el momento de dejar de administrar el problema y comenzar a desmontar las condiciones que permiten que se reproduzca. Porque las denunciadas “mafias eléctricas” no desaparecen cuando se cambia a las personas, como se ha hecho hasta ahora. Eso sucederá cuando se elimine el sistema que permite que se reciclen.