Además, las instituciones presentan debilidades que afectan su legitimidad y eficacia, y el enfoque punitivo resulta insuficiente sin políticas integrales.
Esos fueron parte de los puntos centrales expuestos por expertos que participaron en los dos primeros paneles desarrollados en el Foro Contra el Crimen y la Violencia realizado este martes en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con el auspicio de Listín Diario y esa alta casa de estudios.
Las intervenciones de los panelistas coinciden en la necesidad de repensar la seguridad ciudadana desde un enfoque multidimensional, que articule datos, percepción, cultura, institucionalidad y políticas públicas.
Además, se reafirma la urgencia de avanzar hacia una estrategia nacional de seguridad que integre prevención, educación, equidad social y fortalecimiento institucional, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
Plantearon la necesidad de reconstruir el contrato social, fortalecer la institucionalidad y garantizar condiciones de vida dignas como base para una estrategia efectiva de prevención de la violencia.
El primer panel con el tema “Seguridad, Percepción y Derechos” estuvo integrado por los expertos Frank Cáceres, Leopoldo Artiles, Mirna Jiménez y Jottin Cury Hijo, mientras en el segundo, sobre “La Violencia como Síntoma”, expusieron Juan Miguel Pérez, Francisco Tavárez, Juan Leonel Brito y Felipe Enmanuel Díaz.
Leopoldo Artiles:
Percepción desconectada de la estadística real
El sociólogo Leopoldo Artiles, especialista en estudios de medios de comunicación, afirmó que existe una brecha significativa entre las tasas reales de criminalidad y la percepción de inseguridad que tiene la población dominicana. Según el experto, este fenómeno responde a cómo los medios procesan la información y deciden sobre qué temas debe preocuparse la ciudadanía.
Durante su intervención, Artiles explicó que los públicos tienden a «sobredimensionar» la violencia debido a que la comunicación sobre el crimen induce comportamientos de autoprotección, como evitar ciertos horarios o lugares, independientemente de si el dato estadístico ha bajado o subido. «Lo que la gente siente y lo que el dato dice están muchas veces en una desconexión total», señaló.
Uno de los hallazgos más curiosos presentados por Artiles fue la desproporción en la cobertura de homicidios según la provincia.
El sociólogo relató cómo, al revisar datos para la Estrategia Nacional de Desarrollo, descubrió que provincias con tasas de homicidios muy bajas —como El Seibo o Santiago Rodríguez— suelen ser invisibles en el ecosistema mediático, mientras que otras con mayor peso económico dominan la narrativa del crimen.
«Los medios no solo nos dicen qué está pasando, sino que nos dicen sobre qué debemos pensar. Esto crea una percepción limitada y muchas veces distorsionada de la diversidad de la realidad social dominicana», advirtió Artiles.
Artiles también criticó la forma en que el Estado y los medios gestionan la información en periodos críticos, como la Semana Santa.
Señaló que la narrativa suele enfocarse exclusivamente en el conteo de tragedias y víctimas, sin ofrecer un balance de la mayoría ciudadana que logra retornar a sus hogares con éxito.
El especialista concluyó que es necesario crear un modelo de comunicación pública más equilibrado que no solo resalte el conflicto, sino que informe al ciudadano con rigor estadístico.
«Es necesario formar al ciudadano sobre el dato real para que su percepción no dependa únicamente del impacto emocional del titular del día», puntualizó.
Frank Cáceres:
Se vive con miedo a la delincuencia
El reconocido demógrafo y analista de conducta social, Frank Cáceres, advirtió que la inseguridad ha transformado drásticamente la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes han optado por el aislamiento y la desconfianza ante la incapacidad de los organismos de protección.
Durante su intervención, Cáceres reveló datos estadísticos alarmantes que sitúan a la delincuencia como la principal preocupación de los hogares.
Según las cifras expuestas, aproximadamente el 75% de la población manifiesta sentir «mucho miedo» o «algo de miedo» a ser víctima de un delito en su propia comunidad.
Uno de los puntos más críticos señalados por el experto es el abismo existente entre el hecho delictivo y la denuncia formal. Cáceres calificó la «no denuncia» como una respuesta sistémica a la falta de confianza en las autoridades.
«Más del 70% de las víctimas de robos no denuncia el hecho. La gente siente que la policía no hará nada o que el sistema les fallará. Estamos perdiendo el sentido de la fe en la protección pública», sentenció el doctor.
El demógrafo explicó que esta desconfianza obliga a los ciudadanos a «fabricar su propia seguridad» o, en el peor de los casos, a resignarse. Mostró que la insatisfacción con la actuación policial es una barrera que impide que el sistema judicial cumpla su función sanificadora.
Cáceres llamó la atención sobre el riesgo de normalizar la violencia. Presentó datos donde el 76% de los incidentes en ámbitos educativos y laborales no son reportados porque las víctimas los consideran «hechos sin importancia».
Esta percepción, según el analista, es un síntoma de una sociedad que está asimilando la agresión como parte inevitable de su entorno.
La delincuencia ha provocado cambios profundos en los hábitos de vida, ya que la gente evita salir de noche, se ha reducido la frecuencia de visitas a familiares y los ciudadanos evitan portar efectivo por temor al asalto constante.
Para el doctor Cáceres, la solución no radica únicamente en parches legislativos, sino en una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana de carácter integral. Entre sus recomendaciones destacan, superar la estructura militarista hacia una más horizontal y cercana a la comunidad, reorientar la formación universitaria y técnica, fomentando el deporte y la cultura como herramientas de prevención para la niñez y juventud.
También fortalecer el sistema judicial para que responda a las demandas contemporáneas y reduzca la impunidad, priorizar la creación de empleos dignos en hogares con adolescentes para reducir el costo de oportunidad del delito.
«Los contrastes entre el nivel de inseguridad y la capacidad de respuesta son razones suficientes para una discusión nacional donde participe la gente», concluyó Cáceres, haciendo un llamado a la acción inmediata para recuperar el espacio público y la tranquilidad social.
Juan Leoner Brito:
Por falta de oportunidades para jóvenes
El sociólogo Juan Leoner Brito, especialista en estudios de juventud, presentó un análisis profundo sobre cómo el fenómeno de la violencia impacta al segmento más numeroso de la población dominicana: los jóvenes.
Brito advirtió que la juventud ha pasado de una «invisibilidad analítica» a ser el foco de la criminalidad debido a una desconexión entre sus aspiraciones y las herramientas que el sistema les provee.
Brito utilizó el concepto sociológico de «anomia» para explicar que el problema no es simplemente la ausencia de normas, sino la existencia de metas sociales (éxito, consumo, visibilidad) sin los medios legales para alcanzarlas.
«El joven dominicano se enfrenta a un modelo de éxito muy exigente, pero con un mercado laboral precario e incierto», puntualizó.
El especialista destacó que el 49% de la población dominicana tiene 35 años o menos, lo que representa un «bono demográfico» que no está siendo aprovechado.
Por el contrario, este grupo enfrenta las mayores tasas de desempleo y deserción escolar.
«La delincuencia no es el resultado de que el joven no quiera estudiar, sino de comunidades con bajos servicios y de un sistema educativo que pierde a sus estudiantes en la transición a la secundaria», afirmó Brito.
Señaló que tradicionalmente, la familia, la escuela y el trabajo eran los ejes de integración social; hoy, ese modelo está en crisis.
Al no visualizar en el Estado o en las instituciones educativas un camino seguro hacia el éxito, los jóvenes recurren a «vías alternativas» de reconocimiento y consumo.
Felipe Enmanuel Díaz:
La violencia se ensaña con la niñez dominicana
El trabajador social y docente Felipe Enmanuel Díaz advirtió que la niñez y la adolescencia en la República Dominicana viven en un estado de vulnerabilidad crítica, donde el hogar, teóricamente el espacio de protección, se ha convertido en el principal escenario de violencia.
Díaz destacó que la niñez carece de las herramientas que posee un adulto para defenderse, salir de entornos tóxicos o buscar protección, lo que cronifica el trauma.
Durante su intervención, Díaz reveló datos alarmantes: el 63% de los hogares dominicanos utiliza la disciplina violenta para criar a sus hijos, una práctica que atraviesa todos los niveles sociales, sin distinguir entre familias ricas o pobres.
«La violencia está transversalizada en nuestra cultura de crianza y la institucionalidad apenas logra responder a los síntomas», señaló el experto.
Díaz puso el foco en un problema de base: el acceso al registro de nacimiento. Explicó que un 8% de la población infantil no cuenta con identidad legal, cifra que se eleva al 13% en zonas rurales.
Esta carencia es, en sí misma, una forma de violencia institucional que excluye a miles de niños del acceso a salud, educación y al ejercicio pleno de su ciudadanía.
El especialista denunció que los casos de violencia sexual afectan de manera desproporcionada a niñas de entre 10 y 19 años, siendo los perpetradores, en su mayoría, personas de absoluta confianza del entorno cercano.
Asimismo, alertó sobre la persistencia de las uniones de hecho con menores, donde hombres adultos mantienen relaciones con adolescentes, lo que destruye el proyecto de vida de estas jóvenes.
Enmanuel Díaz concluyó su participación con cinco mensajes clave para la reforma de políticas públicas, se necesita una «Encuesta de Uso del Tiempo» para entender la dinámica real de las familias.
No basta con decir que la familia es el centro; hay que darle herramientas de gestión emocional y manejo del estrés para evitar que el hogar sea el centro de la violencia y proveer a hombres y mujeres de conocimientos para lidiar con el estrés de la vida contemporánea sin recurrir a la agresión.
Garantizar que las instituciones (Fiscalía, Conani, Educación, Salud) trabajen de forma interconectada para restituir derechos de manera oportuna.
Francisco Tavárez:
El salario bajo es un factor criminógeno
El economista Francisco Tavárez afirmó que la violencia en la República Dominicana no es el problema de fondo, sino un síntoma de un modelo económico que genera crecimiento pero no bienestar social.
Según Tavárez, la contradicción entre una economía que crece y unas condiciones de vida que se estancan crea una «frustración estructural» que rompe el contrato social.
Sostuvo que el mercado laboral dominicano impulsa la delincuencia. «El salario es un factor criminógeno», sentenció, explicando que con más del 75% de los trabajadores ganando menos de 34,000 pesos mensuales, el costo de oportunidad para un joven es devastador: trabajar formalmente por un salario de miseria o entrar al microtráfico por ingresos rápidos y crecientes.
El economista advirtió que la injusticia fiscal y la limitada capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad han creado «vacíos institucionales» en los barrios.
En estos territorios, donde el Estado no llega o llega tarde, otros actores imponen sus propias reglas mediante la violencia y el control territorial.
«Donde el Estado no organiza la vida colectiva, la economía de la criminalidad toma el control. La seguridad no se logra solo con patrullas, sino con políticas económicas inclusivas», sostuvo.
Para Tavárez, la solución a la inseguridad ciudadana requiere ver el gasto social como una inversión preventiva, al tiempo que propuso cuatro ejes fundamentales, como salarios dignos que compitan con el atractivo de la ilegalidad, justicia fiscal para eliminar privilegios y financiar derechos.
Igualmente, servicios públicos universales (salud, transporte, vivienda) en zonas vulnerables y seguridad social real que elimine el «estrés social crónico» de vivir en la incertidumbre.
Juan Miguel Pérez:
Intento de recuperar la dignidad arrebatada
El sociólogo e investigador Juan Miguel Pérez ofreció una cruda radiografía de la violencia en la República Dominicana, definiéndola no como un simple hecho delictivo, sino como una «antropología de la agresión» nacida de la exclusión y la injusticia acumulada.
Pérez planteó una tesis provocadora: el atraco o el acto delictivo es, desde el punto de vista del perpetrador, un intento de recuperar la «importancia social» y la calidad de ciudadano de la cual ha sido despojado por un sistema desigual. «El sujeto siente que se le ha quitado su dignidad y reacciona arrebatándole a la sociedad lo que siente que le pertenece», explicó.
El investigador señaló que el modelo de desarrollo actual ha creado una «subjetividad neoliberal» que carece de memoria histórica y empatía.
Utilizó como ejemplo la música de artistas como Bad Bunny para ilustrar el vacío emocional de una juventud que vive en un «agobio crónico» y que, ante la falta de instituciones (escuela, trabajo digno), opta por echar su suerte al azar.
«Hoy tenemos más bancas de apuesta que puestos de diálogo. La juventud construye su importancia social a través de vías alternativas: el delito, el ‘chapeo’ como medio de producción o la temeridad en las calles», afirmó Pérez.
Para el sociólogo, el tránsito dominicano es el escenario donde mejor se diagnostica la violencia ordinaria.
Lo definió como el «último lugar donde los dominicanos se ven cara a cara» sin las jerarquías de un restaurante o una oficina.
En las calles, figuras como el «yipetismo» (ejercicio de poder mediante el estatus del vehículo) y el motorista (que sobrevive con «el cuchillo en la boca») chocan en una lucha por el reconocimiento que el sistema les niega en otros espacios.
Pérez señaló que la fuente primordial de la violencia no es solo intrafamiliar, sino económica: el 1% de la población acapara el 34% de la riqueza, mientras que el 10% posee el 55%.
«Los seres humanos no están diseñados para aceptar pacíficamente que el otro tenga demasiado y ellos no tengan nada», concluyó, criticando la obsesión de las políticas públicas por la «responsabilidad individual» mientras ignoran la responsabilidad social detrás de cada delincuente.
Mirna Jiménez:
Es un lenguaje de poder normalizado
La especialista en género Mirna Jiménez afirmó que la violencia en el país no es un conjunto de casos aislados, sino un fenómeno estructural y masivo que funciona como un «lenguaje de poder» dentro de una sociedad patriarcal.
Jiménez destacó que la violencia está tan enraizada en la cotidianidad que muchas víctimas no logran identificarla.
Según datos citados por la experta, el 48% de las mujeres conoce a alguien que ha sufrido violencia sexual, pero un gran número no reconoce haber sido víctima personalmente porque asumen el maltrato como «algo normal» o «un problema de pareja».
La especialista explicó que la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que también somete a los hombres a un «mandato de masculinidad».
Este les exige demostrar constantemente su fuerza y dominio, utilizando la agresividad para manejar conflictos ante la falta de herramientas emocionales.
«Las relaciones de pareja no se establecen entre iguales; persiste la idea de que el matrimonio es un contrato de propiedad», señaló Jiménez, quien lamentó que frases como «el hombre es el que sabe» sigan vigentes en el imaginario colectivo.
Jiménez alertó sobre el auge de la violencia en el entorno digital, donde el chantaje y la difusión de imágenes íntimas se han vuelto herramientas de control comunes. Además, coincidió con otros expertos en que el sistema de justicia falla al no ofrecer respuestas proporcionales: solo el 30% de los casos de violencia contra la mujer se denuncia, y de estos, el sistema suele ser ineficiente.
Para la especialista, la solución no es «cambiar la sábana», sino atacar la raíz: las desigualdades. Propuso una alfabetización digital ciudadana y una educación en todos los niveles que desnaturalice el abuso y promueva el respeto a la autonomía de las personas.
Jottin Cury:
El endurecimiento de la pena no es la solución
El exjuez del Tribunal Constitucional (TC), Jottin Cury, analizó la compleja situación de la criminalidad y la institucionalidad en la República Dominicana, enfatizando que el aumento de las condenas en el Código Penal es una medida ineficaz si no se acompaña de una reforma estructural del sistema de justicia.
El jurista consideró que la verdadera disuasión del delito no reside en la severidad de la pena, sino en la certeza del castigo. Para el abogado, el problema radica en la debilidad institucional que permite la impunidad.
«De nada sirve aumentar las penas si el delincuente sabe que tiene altas probabilidades de no ser capturado o de que la ley no se aplique debidamente por deficiencias en el Ministerio Público o la Policía», señaló.
Cury hizo un llamado de atención sobre cómo la política se ha convertido en un mecanismo de ascenso social rápido en lugar de un servicio público.
En un entorno con falta de oportunidades laborales y salarios dignos, muchos sectores ven en el Estado un «atajo» para enriquecerse con el mínimo esfuerzo, lo que fomenta una cultura de corrupción que permea hasta el núcleo familiar.
«Hay que volver a los principios. Hoy prevalece el deseo de enriquecerse rápidamente violentando la norma, y eso es un problema social profundo que requiere fortalecer la familia y la educación», afirmó el jurista.
Al abordar referentes internacionales, Cury se mostró cauteloso respecto al «modelo de El Salvador«. Si bien reconoció que ha mostrado resultados inmediatos debido a una voluntad política férrea, advirtió que no es un ejemplo directamente aplicable a la República Dominicana, cuyas realidades y necesidades de fortalecimiento democrático son distintas.
Para el exjuez, el combate a la violencia y la corrupción debe ser un esfuerzo multidisciplinario que incluya, combatir la deserción para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia, mejorar el sistema de justicia y asegurar que las cárceles realmente rehabiliten.
El jurista dijo que el sector privado debe involucrarse y no dejar toda la carga de la seguridad al Gobierno.
Afirmó que se debe realizar intervenciones comunitarias y policiales específicas en zonas de alta violencia, evitando acciones indiscriminadas.
Cury sostuvo que sin un compromiso conjunto de todos los actores sociales y una verdadera voluntad política para aplicar las leyes vigentes, en lugar de solo crear leyes nuevas, la situación social del país corre el riesgo de deteriorarse a niveles alarmantes.