El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, advirtió que ningún avance tecnológico será suficiente si no se continúa enfrentando de manera decidida la mora judicial que aún afecta al sistema de justicia dominicano.
Molina señaló que, si bien se han logrado progresos importantes en la modernización de los tribunales mediante el uso de herramientas digitales, plataformas virtuales y nuevos modelos de gestión, estos esfuerzos perderían efectividad si no se acompañan de reformas estructurales sólidas y sostenibles en el tiempo.
“El reto principal es garantizar que los avances alcanzados no sean temporales. Sin consolidación normativa, operativa y presupuestaria, ninguna reforma se vuelve irreversible”, expresó el magistrado, al referirse a la necesidad de fortalecer el marco legal que respalde los cambios implementados, así como asegurar los recursos económicos y humanos necesarios para su continuidad.
El presidente de la SCJ destacó que la mora judicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para una justicia más eficiente, cercana y oportuna para la ciudadanía. En ese sentido, subrayó que el uso de la tecnología debe verse como una herramienta complementaria y no como la solución definitiva a los problemas históricos del sistema.
Asimismo, Molina insistió en que la sostenibilidad de la transformación judicial depende de una visión integral que incluya capacitación permanente del personal, mejora de los procesos internos, fortalecimiento institucional y un compromiso presupuestario que permita mantener y expandir las innovaciones.
Reconoció que, aunque el sistema judicial exhibe avances importantes, los desafíos para lograr una estructura definitiva aún persisten. Por ello, llamó a continuar impulsando una reforma profunda que garantice mayor transparencia, agilidad procesal y acceso equitativo a la justicia.
Finalmente, el magistrado reafirmó que el objetivo central es construir un sistema judicial más confiable y eficiente, donde las transformaciones no dependan de coyunturas, sino que se consoliden como políticas permanentes al servicio de la sociedad dominicana.