A nueve años de la entrada en vigencia de la Ley General 42-08 sobre la Defensa de la Competencia y a 18 de su promulgación, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) resaltó los avances significativos que ha logrado la República Dominicana en la sanción de prácticas que atentan contra la libre competencia, especialmente la colusión, una de las conductas más dañinas para el mercado y los consumidores.
Bajo su liderazgo, ProCompetencia mantiene actualmente seis casos en curso que involucran a 19 agentes económicos, evidenciando una política más firme de investigación y persecución de acuerdos ilícitos entre empresas destinados a manipular precios, limitar la oferta o distorsionar procesos de contratación pública.
La funcionaria explicó que la colusión consiste en pactos ilegales entre actores del mercado para obtener beneficios indebidos, afectando directamente la transparencia, la eficiencia económica y el derecho de los ciudadanos a acceder a bienes y servicios en condiciones justas.
Entre los casos más recientes, ProCompetencia investiga la participación de tres personas físicas vinculadas a una licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), lo que refuerza el compromiso institucional de vigilar también los procesos de compras públicas, donde este tipo de prácticas suele tener un alto impacto social.
No obstante, la presidenta de ProCompetencia advirtió que la actual legislación establece un plazo máximo de un año para las investigaciones antes de que los casos prescriban, lo cual representa una limitación importante para profundizar indagatorias complejas y garantizar sanciones efectivas.
En ese sentido, subrayó la necesidad de revisar y fortalecer el marco legal para dotar a la institución de mayores herramientas jurídicas y plazos más razonables que permitan combatir con mayor contundencia las prácticas anticompetitivas.
“La defensa de la competencia es una garantía para el desarrollo económico, la inversión y la protección del consumidor. Cada caso que se investiga es un paso más hacia un mercado más justo y transparente”, afirmó la titular de ProCompetencia.
Con estos avances, la gestión de la presidenta de ProCompetencia se consolida como una etapa clave en la lucha contra la colusión y en la construcción de una cultura de legalidad económica en la República Dominicana.