Por: Encarnación Pimentel
A partir de lo dicho por el presidente Luis Abinader, de que “hoy la República Dominicana es el mejor lugar para invertir en toda Latinoamérica”, constructores y grandes desarrolladores en el sector turismo- los ya establecidos o los que se embarquen en nuevos proyectos en cualquier región del país – deberían aplicar la filosofía atribuida a los bomberos, de “no pisarse la manguera entre ellos”, para evitar daños recíprocos.
Tratándose de un sector sensible, como el turístico-hotelero, con la realidad de la alta competencia de otros mercados al acecho y la necesidad de preservar la buena imagen ganada, creo que aquí también aplica la sabiduría popular aquella que recomienda no desacreditar al camello, porque si después se quiere vender, no se dificulte encontrar quien lo compre.
No es un cuento, sino que esto viene a cuenta, a propósito de comprobadas prácticas -viejas y más reciente- de uno que otro miembro del mismo sector, de torpedear e intentar impedir el desarrollo de proyectos turísticos de inversiones millonarias, y ya hasta con un cincuenta por ciento de ejecución y con ventas cerradas en el exterior (¿). En mal entendida competencia, caen en el “golpe bajo” y la mentira, urdiendo campañas de descredito contra proyectos e inversionistas importantes, aun sean miembros de la entidad que agrupa al sector. Como parte de las escaramuzas, se ha llegado a decir que determinados proyectos dañan el entorno ambiental y que no cuentan con los permisos de lugar, no siendo así y cuando, en el fondo, lo que buscan con el “ruido” o presión social es ver si “asustan” a los órganos públicos y los llevan a revocar aprobaciones ya otorgadas.
Una reciente víctima ha sido el Grupo Noval, al que, pese a ser miembro de ASOLESTE y tener una trayectoria de 22 años en el sector turístico nacional, le han intentado bloquear, tanto el proyecto inmobiliario Atlántida, con inversión próximo a los 400 millones de dólares y levantado en un 50% en Punta Cana, así como otro en Samaná. ASONAHORES y Turismo debían llamar al orden y frenar de cuajo el juego sucio, porque dañan la credibilidad, la seguridad jurídica, alejan la inversión extranjera y, por ende, se perderían empleos y los impuestos que dejaría de percibir el Estado ante el fracaso cada proyecto millonario que los intereses hicieren fracasar. ¡En fin, a cuidar la imagen del sector y del país!