El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley núm. 396-19, que regulaba el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo medidas de embargo sobre bienes muebles e inmuebles.
La decisión se basa en una acción directa de inconstitucionalidad y establece que la ley incumplió el procedimiento requerido para su aprobación y contraviene principios constitucionales clave.
El fallo exhortó al Congreso Nacional a emitir una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal, dando cumplimiento al artículo 112 de la Constitución.